El Pacto de Estado por la Justicia constituye un compromiso de Estado por restaurar y modernizar el sistema de justicia, teniendo como visión futura:

"Un Sistema de Administración de Justicia transparente, independiente y eficiente, con funcionarios judiciales idóneos e imparciales que rindan cuenta de su gestión, mediante una evaluación eficaz que permita identificar que se cumple con el debido proceso legal, sin excesivo formalismo, y con las garantías del Estado de derecho, mediante una tutela judicial efectiva, expedita e igualitaria que transmita confianza ciudadana en la Justicia"

El Pacto de Estado por la Justicia está estructurado en cinco áreas prioritarias, sobre las cuales se formulan veintisiete propuestas acompañadas de un catálogo de ciento treinta y ocho actividades a ejecutar por sus respectivos entes coordinadores dentro de un cronograma diseñado a corto, mediano y largo plazo.

Corresponde al Órgano Judicial la ejecución directa de veintiuna de las propuestas acordadas que representan el 80% de los compromisos derivados del Pacto de Estado por la Justicia, las cuales se han ejecutado con recurso institucional y el significativo aporte de Organismos de Cooperación Internacional, tales como: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Comunidad Europea, EUROsociAL Justicia y Organización de Estados Americanos (OEA).