Comunidad Europea - Detalles del Proyecto

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Duración: 4 años y medio

Presupueto total: 10,123,560 euros

Aporte de la Unión Europea: 6,650,000 euros

Objetivos

OBJETIVO ESPECIFICO “Apoyar la modernización y fortalecimiento del sistema de justicia de la República de Panamá, mejorando la calidad, eficiencia y transparencia de los servicios en beneficio de las personas”

OBJETIVO GENERAL “Contribuir a la consolidación del Estado de Derecho mejorando la administración de la justicia en el respeto de los derechos de toda persona”

R-1 Se cuenta con una estructura de gestión administrativa eficiente y transparente.

Se mejorará el sistema de gestión administrativa del OJ; por medio de un sistema que: (1) agilice los plazos reales en los flujos de los procesos, (2) incremente el número de asuntos tramitados en las diferentes instancias, (3) aumente la tasa de resolución judicial y (4) reduzca los tiempos promedio de resolución en los Tribunales Superiores de los Habeas Corpus, los recursos de amparo y los procesos de inconstitucionalidad.

R-2 Se cuenta con un Despacho Judicial mejorado y acorde a las necesidades de la población.

Una Planta Judicial inadecuada e insuficiente en términos de distribución territorial y a nivel de infraestructura y equipamiento, para satisfacer la demanda que conlleva un normal ejercicio de la actividad judicial.

R-3 Se cuenta con una carrera judicial transparente e independiente.

Reformar la carrera judicial mediante la creación de un Reglamento, que incluya nuevos procedimientos y convocatorias de los concursos para el nombramiento del personal judicial y el acceso a la carrera de los jueces por medio de un adecuado sistema de selección.

R-4 Se han fortalecido los mecanismos de acceso a la justicia de la población.

Fortalecer los mecanismos de acceso a la justicia para la población, mediante: (1) el establecimiento del servicio de certificación de la vigencia de normas legales, (2) el desarrollo de los medios alternativos de resolución de conflictos, (3) la creación de un sistema de coordinación con la justicia indígena; (4) el fortalecimiento de la Defensoría de Oficio y las Oficinas de Atención al Ciudadano, y actividades tendientes a mejorar el comportamiento ético de los abogados.