Dictan taller sobre trata de personas y la nueva Ley 458 para orientar a funcionarios judiciales

Según el más reciente informe mundial (2024) sobre la trata de personas, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), la trata de niños, la trata con fines de trabajo forzoso y la delincuencia forzada están en aumento a medida que la pobreza, los conflictos y el cambio climático dejan a más personas vulnerables a la explotación.

Estas mismas cifras, que abarcan a 156 países de todas las regiones del mundo, incluyendo a Panamá, revelan también un aumento del 25 % en las víctimas de trata detectadas a nivel mundial en el año 2022, en comparación con los niveles pre-pandémicos del año 2019. Tan grave como lo anterior es que las mujeres y niñas siguen siendo las victimas más afectadas de estos delitos, representando el 61 % de los casos detectados a nivel mundial.

Frente a esta realidad, el Órgano Judicial (OJ) de la República de Panamá desarrolló este miércoles 12 de febrero el taller “Jornada de formación en temas de trata de personas y la nueva Ley 458 de 2024, que reforma la Ley 79 de 2011 sobre trata de personas y actividades conexas, el Código Penal y dicta otras disposiciones”, dirigido funcionarios judiciales y de otras instituciones que abordan ese sensitivo tema.

La iniciativa de la Unidad de Acceso a la Justicia y Género (Unajug) del OJ fue inaugurada por la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López Arias; mientras que a Carlos Andrés Pérez Gallego, oficial de programa de la UNODC, le correspondió ofrecer el saludo de bienvenida. Estuvieron presentes en el acto las magistradas de la CSJ, Ariadne Maribel García Angulo (coordinadora ante el Pleno de la Unajug) y Ángela Russo de Cedeño.

La Ley 458 tendrá un gran impacto

En sus palabras de apertura, la magistrada López Arias expuso que aunque Panamá ha realizado esfuerzos para combatir la trata de personas, este delito persiste y se adapta a nuevas formas de explotación, representando una amenaza continua que atenta contra los derechos humanos y la seguridad nacional.

Por ello, consideró que la Ley 458, que modifica la Ley 79 de 2011, objeto del taller, representa un avance significativo en la lucha contra la trata de personas y la protección de las víctimas.

“Es el resultado de un esfuerzo conjunto entre actores de la sociedad civil, instituciones públicas y organismos internacionales, y se espera que contribuya a combatir de manera más efectiva este delito y proteger a las víctimas”, acotó la Presidenta de la CSJ, al destacar que la asistencia técnica brindada por la UNODC en la elaboración de la norma reafirma su compromiso de apoyar leyes nacionales que cumplan con los estándares internacionales en la materia.

El representante de la UNODC, por su parte, manifestó que el ataque a estos delitos no recae solo en una institución, sino que es efectivo mediante una coordinación interinstitucional continua y la cooperación internacional, de allí la importancia de capacitar a los distintos involucrados.

“Esta actividad de formación que empezamos hoy es la primera que realizamos en este año 2025 como resultado de la aprobación de la Ley 458. Pero la próxima semana estaremos desarrollando ejercicios similares con otras entidades nacionales, como el Servicio Nacional de Migración y otras entidades que se han acercado a solicitar la asistencia técnica de nuestra oficina”, indicó Pérez Gallego.

El seminario dictado en la sede de la Escuela Judicial Superior de la Judicatura de Panamá, Doctor César Augusto Quintero Correa, (ISJUP) incluyó temas relacionados al marco normativo internacional y los estándares regionales aplicables en Panamá; marco normativo de la Ley 79 de 2011, actualizada mediante Ley 458 de 3 de diciembre de 2024; tipología de trata de personas y lavado de activos; y una mesa de trabajo.  

Le correspondió a la magistrada Ariadne García Angulo, coordinadora ante el Pleno de la CSJ de la Unidad de Acceso a la Justicia y Género, ofrecer las palabras de clausura destacando la importancia de la formación de los servidores judiciales ante un hecho punible que registra una complejidad de conductas que lo perfeccionan. “Los aportes que han resultado de esta jornada serán de mucha utilidad para los trabajos de actualización del documento, a lo que se avocará la Unidad de Acceso a la Justicia y Género”. 

Vale destacar que las magistradas López Arias, Russo de Cedeño y García Angulo integran la Comisión de Alto Nivel de la Unidad de Acceso a la Justicia y Género. 

Por: Yazmin Castillo y Enrique Luis Brathwaite 

Fotos: Katherine Jiménez y Oscar Morán