OJ GARANTIZA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE PANAMEÑA

En la última década, Panamá pasó a convertirse en el tercer país de Latinoamérica con la mayor proporción de población de afrodescendientes. De allí la importancia que este grupo poblacional representa para el sistema de justicia panameño.

Los aportes al país de los afropanameños, pero también los avances y retos en materia de derechos humanos y acceso a la justicia de este segmento de la población, fueron temas abordados en la jornada de sensibilización desarrollada la mañana de este viernes 31 de mayo de 2004 en el Palacio Gil Ponce, en cuyo acto de apertura participó la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López Arias.

En la actividad, desarrollada en el marco del Día de la Etnia Negra, estuvieron presentes: el magistrado Carlos Vásquez Reyes, vicepresidente de la CSJ y presidente de la Sala Tercera de los Contencioso-Administrativo y Laboral; la magistrada Ariadne Maribel García Angulo, de la Sala Segunda Penal y coordinadora de la Unidad de Acceso a la Justicia y Género; y la magistrada Ángela Russo de Cedeño, de la Sala Primera Civil, así como otras autoridades del Órgano Judicial.

También participaron Edith Castillo Núñez, representante en Panamá del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés); y Rubén Farje, representante en Panamá de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Al brindar palabras de apertura al acto, la magistrada presidenta López Arias habló de los valiosos aportes al país de la población afropanameña. No obstante, consideró crucial "reconocer que aún queda un largo camino por recorrer en la búsqueda de la igualdad racial".

Acotó que, en el ámbito regional, pese a los notables avances en la última década, la población afrodescendiente continúa representando uno de los sectores más empobrecidos de la sociedad, con una participación significativa inferior a la que le corresponde en las posiciones de toma de decisiones, tanto en el ámbito público como privado. De allí que consideró la educación como una herramienta vital para garantizar el crecimiento inclusivo entre los afrodescendientes. "... la lucha por los derechos de la población negra no solo constituye un asunto de justicia racial, sino que se erige como un componente fundamental para la construcción de una justicia social integral", agregó.

La Magistrada Presidenta de la CSJ expuso que las desigualdades raciales no solo afectan de manera desproporcionada a los afrodescendientes, sino que repercuten en toda la sociedad, por lo que deben abordarse integralmente para el bienestar general.

Al hacer un repaso de notables figuras afropanameñas de la literatura, el deporte y la justicia, invitó a todos a luchar por el ejercicio pleno de los derechos de esta población del país.

Para ello citó acontecimientos internacionales que se han promovido con este fin, como la Conferencia Mundial Contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, celebrada en Durban, Sudáfrica, en el año 2001; y la declaración del Decenio Internacional de los Afrodescendientes 2015-2024.

"Estos dos hitos históricos han marcado un antes y un después en la lucha por la justicia racial y el reconocimiento de las personas afrodescendientes a nivel global, toda vez que reconoce por primera vez la existencia del racismo sistémico y la discriminación racial como problemas globales que requieren soluciones urgentes", dijo la magistrada María Eugenia López Arias.

Destacó a los presentes que desde el Órgano Judicial es imperativo seguir trabajando de manera incansable para erradicar las barreras de acceso a la justicia, que perpetúan la desigualdad racial y obstaculizan el desarrollo pleno de la población afrodescendiente y en situación de vulnerabilidad. "Es necesario implementar medidas robustas para combatir la discriminación en todos los ámbitos del quehacer jurídico y garantizar la investigación, sanción y reparación de los actos de violencia racial", indicó.

Recordó que a través del Acuerdo N° 626 del 15 de octubre de 2009 el Órgano Judicial puso en marcha e implementó la política institucional de acceso a la justicia y género, que sirve como marco institucional para atender las demandas de los usuarios que buscan justicia y defensa de sus derechos. La misma está basada en los derechos humanos y busca empoderar al individuo.

Por su parte, Castillo Núñez, en representación de la UNFPA, reiteró el compromiso de acompañar y promover los derechos de las personas afrodescendientes. "Panamá, recientemente, se ha convertido en el tercer país de América Latina con mayor población afrodescendiente. Hemos pasado de un 9 % a un 31 % y sabemos que somos más", destacó al esbozar que la oficina en el país del Fondo de Población de la ONU aspira a una sociedad donde se reconozca y valore la rica historia y cultura de este grupo étnico como parte integral de la identidad panameña.

La representante de la UNFPA aprovechó la ocasión para entregarle a las magistradas López Arias y García Angulo copias del Plan Maestro Nacional para el Desarrollo de la Población Afropanameña, iniciativa del Movimiento Afropanameño y de la Secretaría Nacional de los Afropanameños.

Acto seguido, arrancaron las exposiciones, las que estuvieron a cargo del catedrático universitario e investigador Gersán Joseph Garzón y de la socióloga y directora del Centro de la Mujer Panameña, Cecilia Moreno.  Las mismas versaron sobre aspectos históricos, culturales, antropológicos, geográficos, demográficos y otros, de la población afrodescendiente.

La actividad fue clausurada por la magistrada Ariadne García Angulo, quien expresó su deseo de que las ponencias expuestas sirvan para promover la justicia social, la implementación de políticas inclusivas, la erradicación del racismo y la intolerancia, el avance de los derechos humanos y la edificación de comunidades más equitativas y florecientes en armonía con los objetivos de desarrollo sostenible.

Detalló que, desde la Unidad de Acceso a la Justicia y Género, que coordina, se ha intensificado la labor para forjar espacios de capacitación, sensibilización y educación que dote a esta instancia y a su personal de las herramientas necesarias para actuar en beneficio de los grupos en situación de vulnerabilidad.

Entre estas acciones están las estrategias alineadas para cumplir con la política de acceso a la justicia y género, las 100 reglas de Brasilia (para el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad) y el Plan estratégico Institucional 2020-2030 del OJ.

Por último, agradeció a organizadores, conferenciantes, grupos culturales y personal institucional presente por su participación, y los instó a convertirse en agentes multiplicadores del aprendizaje adquirido.