RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRIMER SEMESTRE DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA

El día 28 de septiembre del presente año, el Director Nacional del Instituto de la Defensa Pública, Licenciado Danilo Montenegro Acevedo, junto a la Presidenta del Consejo de Administración de la Carrera de la Defensa Pública, Licenciada Shanida Naruha López Barrios, fueron invitados por parte de la Magistrada Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López Arias. 

Constituye el primer Congreso Anual de Administración de Justicia, acto fundamental de Rendición de Cuentas  y Transparencia del Órgano Judicial 2021-2022, organizado por el Consejo de Administración de la Carrera Judicial.

Evento, en que se expuso estadísticamente el papel fundamental que realizan los Defensores Públicos, como un servicio gratuito, expedito y efectivo hacia la comunidad.

El Instituto de Defensa Pública de Panamá tiene como objetivo primordial brindar servicios de asesoría y defensa legal gratuita ante los tribunales y juzgados penales, la jurisdicción de niñez, adolescencia, familia y penal de adolescentes, y procesos agrarios en el interior del país, a las personas que no posean suficientes recursos económicos.

Asimismo, elaboran oportunamente escritos, debidamente motivados, con las peticiones y alegatos, así como efectúan las demás diligencias judiciales inherentes al cargo. Realizan todas las gestiones dentro de los respectivos procesos que les hayan sido asignados, revisando y/o diligenciando las notificaciones, asesoramientos, la atención a imputados, condenados y sus familiares. Es importante destacar que participan en todas las fases procesales, en todas las materias en las que tienen la facultad de intervenir, cumpliendo con el deber de denunciar ante las autoridades competentes cualquier abuso o violación de derechos que afecten a sus representados. En general, todo lo que se requiere para una defensa efectiva.

En el ejercicio de sus funciones, durante los primeros seis meses del año 2022 celebraron 38,529 audiencias, desagregadas en 86.6 % en materia penal acusatoria; 5.8 % en procesos penales de adolescentes; 3.8 % en procesos de familia; 2.1 % en la esfera de liquidación penal; 1.7 % en niñez y adolescencia, y el 0.1 % restante en procesos civiles y agrarios. Apunta significativamente la tramitación inherente a la defensa pública, que durante los primeros 6 meses de 2022 efectuaron 108,143 diligencias, entre las que destacan el análisis de casos, la atención de público, comunicación telefónica, coordinación con investigador, elaboración y presentación de informes, entrevistas, negociación de acuerdos, reconocimiento e inspección ocular, reunión y coordinación con el equipo de defensores, reunión y coordinación con el Ministerio Público y/o Tribunal Superior, revisión y lectura de carpeta/expediente, atención a solicitudes varias, visitas carcelarias, visitas a albergues, tramitación documental ante otras instituciones, entre otras diligencias, según el tipo de proceso.

La mayor actividad se centra en la jurisdicción penal, en donde además del proceso acusatorio ha experimentado una importante actuación en cuanto a los procesos de liquidación de causas penales del inquisitivo mixto, destacando casos de alto perfil como los relacionados con delitos financieros y diferentes formas de peculado, en el proceso llevado a la ATTT con 542 personas imputadas; el caso contra el orden económico denominado New Business; el caso de Banistmo, contra el orden económico y delitos financieros; procesos contra la administración pública relacionados con los camiones de Aseo; el caso de Saint Georges Bank; el caso de BAC Intl. en delitos de blanqueo de capitales; y los casos de la Cárcel El Renacer, SERTV y el Banco Nacional, por procesos contra la administración pública, entre otros.