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SE LLEVÓ A CABO CONFERENCIA VIRTUAL: CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD



 

CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

 

Del martes 6 al viernes 9 de octubre de 2020, se realizó el ciclo de conferencias virtuales denominada: Capacidad Jurídica de las personas con discapacidad, el cual es organizado por la Unidad de Acceso a la Justicia y Género, el Instituto Superior de la Judicatura, Doctor César Augusto Quintero Correa, en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), dirigido a colabores del Ministerio Público, Órgano Judicial, Entidades Públicas, Universidades y Organizaciones de la Sociedad Civil.

Le correspondió a la Magistrada de la Sala Civil y Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Angela Russo de Cedeño, en calidad de Coordinadora por el Pleno, de la Unidad de Acceso a la Justicia y Género del Órgano Judicial, ofrecer las palabras de bienvenida a este ciclo de conferencias, que contó con la participación del docente Argentino José Viera, quien es especialista en Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad.

En su intervención el Profesor José Viera, explicó a los participantes la dinámica de trabajo durante las sesiones virtuales, y abordó  diversos temas como: Sistema de Toma de Decisiones con Apoyos; Derecho Comparado: Experiencias de Perú y Argentina, además de Recomendaciones del Comité de Naciones Unidas a la República de Panamá.

Esta actividad tuvo como propósito dar a conocer los mecanismos para la aplicación de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, en audiencias y actuaciones judiciales, y a la vez que se dio seguimiento a las recomendaciones del Comité de Expertos de la Convención, con relación a los artículos referentes a la Capacidad Jurídica y el Acceso a la Justicia.

Con esta actividad también, se da cumplimiento a las 100 Reglas de Brasilia para el Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, adoptadas por el Órgano Judicial de Panamá, mediante Acuerdo del Pleno de la CSJ, Número 138-A del 2019.

 



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