SEMINARIO FORTALECE CAPACIDADES DEL ÓRGANO JUDICIAL EN LA INVESTIGACIÓN DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

Con el objetivo de reforzar los conocimientos y capacidades de jueces y magistrados en materia penal, el Instituto Superior de la Judicatura de Panamá (ISJUP), Doctor César Augusto Quintero Correa, desarrolló del 28 al 30 de octubre el seminario “Dinámicas de Investigación en Criminalidad Organizada”, una jornada académica orientada a analizar los desafíos que enfrenta la administración de justicia frente a los delitos vinculados a estructuras criminales organizadas.

La actividad inició con las palabras de bienvenida del comisionado César Pitti, director nacional de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), y del magíster Raúl Olmos, director del Instituto Superior de la Judicatura de Panamá, quien, en nombre de la magistrada Maribel Cornejo Batista, presidenta de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, agradeció la participación y el compromiso de jueces, magistrados y demás operadores de justicia presentes en esta importante jornada de capacitación, destacando la relevancia de fortalecer las competencias institucionales para enfrentar eficazmente los desafíos que plantea la criminalidad organizada.

Durante su desarrollo, el seminario promovió una perspectiva jurídica y práctica sobre las dinámicas actuales del crimen organizado, los procesos de investigación criminal y los retos relacionados con la valoración de la prueba y el control judicial de las actuaciones investigativas. Asimismo, buscó fortalecer la función jurisdiccional y contribuir a una respuesta judicial eficaz, fundamentada y acorde con los principios del Estado de Derecho, en concordancia con el Plan Estratégico Institucional 2020-2030 y el Reglamento Interno del ISJUP.

El programa académico abordó temas de gran relevancia para la lucha contra la delincuencia organizada. Entre ellos, la creación y estructura del Departamento contra el Crimen Organizado en Panamá, su organización operativa, la coordinación con el Ministerio Público y otras agencias, así como los principales desafíos investigativos que enfrentan las autoridades.

También se analizaron los elementos especiales de investigación utilizados para la judicialización de estructuras criminales, profundizando en el desarrollo de la investigación criminal, la recolección y análisis de indicios, la construcción de hipótesis investigativas y las actuaciones previas a la judicialización de los casos.

Otro de los ejes temáticos estuvo relacionado con la investigación y judicialización de delitos vinculados a la trata de personas y al tráfico ilícito de migrantes, destacando la vulnerabilidad de las víctimas y la importancia de identificar y desarticular las redes criminales involucradas.

La capacitación incluyó además el estudio de técnicas especializadas para la investigación del blanqueo de capitales, enfatizando la identificación de activos ilícitos, el seguimiento patrimonial y la relación entre los delitos precedentes y el lavado de activos como mecanismos utilizados por el crimen organizado.

Igualmente, se resaltó la importancia de la cooperación policial internacional como herramienta clave en la lucha contra estas organizaciones, abordando el papel de organismos como INTERPOL y AMERIPOL, así como los mecanismos de intercambio de información criminal entre países.

Como cierre de la jornada académica, los participantes desarrollaron un taller plenario de conclusiones y análisis práctico denominado “De la investigación criminal a la judicialización de estructuras criminales”, espacio en el que se debatieron aspectos relacionados con la valoración de indicios, los principales desafíos enfrentados por los investigadores, la coordinación entre los organismos de investigación y el proceso penal, así como reflexiones orientadas a optimizar la labor de jueces y magistrados frente a fenómenos complejos de criminalidad organizada.

Con iniciativas como esta, el Instituto Superior de la Judicatura de Panamá reafirma su compromiso con la formación judicial continua y el fortalecimiento de las competencias de los operadores de justicia, contribuyendo al desarrollo de una administración de justicia más efectiva, especializada y acorde con las exigencias de la sociedad contemporánea.