QUE REGULA EL ARBITRAJE COMERCIAL NACIONAL E INTERNACIONAL EN PANAMÁ Y DICTA OTRA DISPOSICIÓN.
MEDIANTE ESTA RESOLUCIÓN, SE DECLARA QUE ES INCONSTITUCIONAL EL ARTÍCULO 36 DEL DECRETO-LEY NO. 5 DE 8 DE JULIO DE 1999, EL CUAL SE REFIERE AL RÉGIMEN GENERAL DE ARBITRAJE, LA CONCILIACIÓN Y LA MEDIACIÓN.
A TRAVÉS DEL MENCIONADO FALLO, SE DECLARÓ QUE ERA INCONSTITUCIONAL EL PÁRRAFO "EL CONVENIO ARBITRAL ASÍ ESTABLECIDO TENDRÁ EFICACIA POR SÍ MISMO Y NO REQUERIRÁ LA APROBACIÓN DEL CONSEJO DE GABINETE Y EL CONCEPTO FAVORABLE DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN", CONTENIDO EN LA PARTE FINAL DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 7 DEL DECRETO LEY NÚMERO 5 DE 8 DE JULIO DE 1999, POR SER VIOLATORIO DEL NUMERAL 4 DEL ARTÍCULO 195 Y DEL ARTÍCULO 203 DE LA CONSTITUCIÓN.
QUE MODIFICA, ADICIONA Y RESTITUYE ARTÍCULOS DEL DECRETO LEY 5 DE 1999, QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN GENERAL DE ARBITRAJE DE LA CONCILIACIÓN Y DE LA MEDIACIÓN.
30 TÉRMINOS DE USO FRECUENTE
Que instituye la Justicia Comunitaria de Paz y dicta otras disposiciones sobre Mediación y Conciliación Comunitaria (La presente Ley modifica el numeral 1 del artículo 45 del Código Procesal Penal)
QUE ESTABLECE LA CONSULTA Y CONSENTIMIENTO PREVIO, LIBRE E INFORMADO A LOS PUEBLOS INDÍGENAS.
QUE REFORMA LA LEY 9 DE 1984, QUE ESTABLECE Y REGULA LA CARRERA ADMINISTRATIVA, Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES
QUE REFORMA EL CÓDIGO JUDICIAL, EL CÓDIGO PENAL Y EL CÓDIGO PROCESAL PENAL, SOBRE MEDIDAS QUE EVITEN EL HACINAMIENTO EN CENTROS PENITENCIARIOS, Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES. (La presente Ley modifica los artículos 57, 58, 66 y 102 del Código Penal y los artículos 40, 41, 509, 525, 526, 527, 528, 530, 531, 534, 535, 536, 537, 542 y 544 del Código Procesal Penal)
POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN NACIONAL INTERINSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y RESPUESTA CONTRA LAS AMENAZAS E INCIDENTES CON ARMAS QUÍMICAS, BIOLÓGICAS, RADIACTIVAS, NUCLEARES, EXPLOSIVAS (QBRNE) Y SUS SISTEMAS VECTORES, BAJO LA DIRECCIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.
QUE CREA EL MECANISMO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES.
QUE ADOPTA EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN JUDICIAL PARA CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES.
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