ASAMBLEA DA CORTESÍA DE SALA A MAGISTRADOS LÓPEZ ARIAS Y ARROCHA OSORIO EN SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO NO. 935

El Pleno de la Asamblea Nacional concedió cortesía de sala a la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López Arias, y al vicepresidente Olmedo Arrocha Osorio, durante el segundo debate al proyecto de ley n.° 935, que adopta el Código Procesal Civil de la República de Panamá, el cual se inició la tarde de este miércoles 26 de julio.

Al hacer uso de la palabra, la magistrada López Arias agradeció la oportunidad de abordar un tema de suma importancia no solo para el Órgano Judicial sino para todos los ciudadanos de este país. “Cuando vine la primera vez y expuse a qué obedecía la reforma, quedé con el convencimiento de que realmente se iba a comprender la importancia y responsabilidad que tienen todos y cada uno de ustedes para que la justicia en materia civil avance en este país y dé respuesta pronta y oportuna, tal como mandata la Constitución”.

Por su parte, el magistrado vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia y presidente de la Sala Primera de lo Civil, Olmedo Arrocha Osorio, dijo que cuando se habla de un Código Procesal Civil se habla de crear una política pública para los ciudadanos del país, ya que la justicia, al igual que lo es la salud, el transporte y la educación, es un servicio público.

Aseguró que si se mide cuánto cuesta la hora o el día de un proceso, podemos entender que mientras más demora el final del proceso es más caro. “Actualmente los procesos civiles duran de 8 a 10 años”.

El magistrado también explicó que tras un diagnóstico se conoció que un proceso en primera instancia debe demorar 280 días, pero resolverlo toma tres veces más, es decir, más de 900 días. Triplicar los despachos para lograr la demanda sería de 50 millones de dólares.

“Es por eso que en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia hemos ejercido la facultad constitucional que nos dan los artículos 164 y 165 de la Constitución y emprendimos el deber de hacer un nuevo diseño de la metodología y el modelo para gestionar los procesos civiles y darle al usuario una respuesta más ágil y menos cara, de manera de poder gerenciar el tribunal y administrar los recursos estatales que nos dan los otros dos órganos del Estado de forma eficiente”.

Este proyecto de ley que adopta el nuevo Código Procesal Civil de la República de Panamá, es producto de una iniciativa del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que nace de amplias consultas, reuniones con diferentes gremios de la sociedad civil, operadores y asociaciones, que confirmaron la necesidad de emprender una verdadera transformación del modelo de gestión del proceso civil.

En tanto, el diputado Leandro Ávila, de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, donde se debatió en primer debate el proyecto, resaltó que durante nueve sesiones ordinarias se discutió el documento y, a la par, se instaló una mesa técnica que logró homologar los artículos.

Esta sesión se llevó a cabo en el Palacio Justo Arosemena, en el Pleno de la Asamblea Nacional, en donde estuvieron presentes los diputados de este órgano del Estado.