PROYECTO DE LEY N.° 802 PASA A SEGUNDO DEBATE ANTE EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, aprobó en primer debate el proyecto de ley n.° 802, que adiciona disposiciones a la Ley 4 de 2017, que reforma el Código Judicial, el Código Penal y el Código Procesal Penal, sobre medidas que evitan el hacinamiento en los centros penitenciarios y dicta otras disposiciones.

Durante la sesión realizada este martes 8 de agosto, el diputado Leandro Ávila, en calidad de presidente de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, y ante el voto favorable de los diputados comisionados, aprobó pasar la discusión de este proyecto de ley a segundo debate ante el Pleno de la Asamblea Nacional.

Previamente, la ocasión fue propicia para que la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López Arias, aclarara las dudas de los honorables diputados de la Comisión de Gobierno en torno al proyecto de ley 802, en la que mostró entre sus motivaciones su respaldo, al tratarse de una propuesta  que tiene entre sus objetivos contribuir directamente a la celeridad de los procesos penales que llegan al conocimiento de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.

“Es por eso que la iniciativa legislativa que nos reúne en este recinto parlamentario viene a constituirse en una medida de política pública, dirigida a la terminación de los procesos penales pendientes en el menor tiempo posible y, consecuentemente, a la reducción del número de personas privadas de libertad que están a la espera de la decisión de sus causas, y que incrementan el hacinamiento en los centros penitenciarios a nivel nacional”, acotó la presidenta de la CSJ.

Además, la magistrada López Arias destacó que “la propuesta de ley se enfoca en la adopción de reglas simples sobre el procedimiento del recurso de casación en materia penal en dos aspectos específicos: el primero consiste en aumentar la pena de prisión mínima a partir de la cual puede interponerse el recurso de casación penal, y el segundo recaerá sobre la aceleración de la audiencia oral en la casación. En concreto, proponemos aumentar el mínimo de la penalidad de la condena en segunda instancia de 2 a 5 años, para que se pueda presentar un recurso de casación y permitir además que las partes dentro del proceso penal tengan la opción de pedir la convocatoria a la audiencia para sustanciar el recurso”.

En el desarrollo de la sesión de hoy también participó el director del Centro de Documentación Judicial del Órgano Judicial, Agapito González.

Este proyecto de ley n.° 802, que está compuesto de siete artículos, en los que se adicionan disposiciones a la Ley 4 de 2017, es producto de una iniciativa del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que busca optimizar el tiempo de los procesos y la debida atención a los usuarios del sistema de justicia.