Se realiza reunión de coordinación para la formalización del Plan Estratégico Nacional en Métodos Alternos

El Órgano Judicial, Ministerio de Gobierno y la Procuraduría de la Administración, llevaron a cabo una reunión de coordinación el pasado viernes 1 de abril, con la finalidad de iniciar el proceso de formalización de los productos resultantes de la asistencia especializada para la definición del Plan Estratégico Nacional de Métodos Solución de Conflictos (MASC) y la elaboración de una propuesta de borrador de nueva Ley Integral que unifique las normas que regulan los métodos solución de conflictos, en el marco del Proyecto “Mejora de los Métodos Alternos de Solución de Conflictos en la República de Panamá”, auspiciado por el Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea.

Este trabajo interinstitucional busca incrementar la calidad del seguimiento y evaluación de los procedimientos vinculados a la mediación y otros métodos autocompositivo, mediante la formación continua de sus operadores; así como, aumentar la eficacia de los procedimientos vinculados a la mediación y otros métodos de solución conflictos, desarrollando herramientas para el registro, monitoreo y controles de calidad de los servicios prestados.

Participaron en esta reunión de coordinación, por la dirección de Resolución Alterna de Conflictos del Ministerio de Gobierno, los licenciados Nicolás Rivera y Karen Palacios, director y subdirectora, respectivamente; por la Oficina de Mediación Comunitaria de la Procuraduría de la Administración, las licenciadas Thaiska Tuñón, Jefa y Sonia López, coordinadora de Planes y Proyectos; además de la dirección de Métodos Alternos de Resolución de Conflictos del Órgano Judicial, representada por su director, el doctor Ricaurte Soler Mendizábal, y la licenciada Marián Rodríguez, asistente ejecutiva, acompañados por la licenciada Rubi De León de la dirección de Modernización y Desarrollo Institucional.

Es importante destacar el compromiso que tienen las instituciones que forman parte de esta propuesta para consolidar y ampliar el uso de los métodos de solución de conflictos, tanto en la administración de justicia como en el marco de políticas públicas desarrolladas en conjunto.