Concluye audiencia de imputación en caso de los indultos

Este miércoles 21 de junio de 2017, siendo las 9:02 a.m., el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José E. Ayú Prado Canals, en funciones de magistrado de Garantías, levantó el receso decretado y a solicitud del magistrado fiscal, Abel Augusto Zamorano, el pasado 14 de junio, de la audiencia de imputación contra un miembro del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), sindicado por el presunto delito “contra la administración pública”, específicamente por el otorgamiento de indultos.

En el acto de audiencia, estaban presentes el magistrado fiscal, Abel Augusto Zamorano, más no el indiciado quien se encuentra aprehendido en la ciudad de Miami, EE.UU., ni su representante legal el abogado Sidney Sittón. En primera instancia se procedió por Oficina Judicial, a darle lectura a una serie de constancias procesales recibidas del despacho del abogado Sittón, como del propio indiciado, en la cual son contestes en solicitar la posposición de la audiencia, por cuanto su abogado se encuentra en los Estados Unidos, asistiéndolo en una audiencia en ese país.

En virtud de ello, y en atención al artículo 10 del Código de Procedimiento Penal, que trata sobre el “Derecho de Defensa”, específicamente en la parte final que se refiere a la designación de un Defensor Público ante la presentación de excusa del abogado particular; es por lo que se solicitó al Instituto de Defensoría Pública la designación de defensores.

Al correrle traslado al magistrado fiscal, de las comunicaciones tanto del abogado Sittón, como del propio indiciado, y luego de hacer una sinopsis de las etapas procesales y de considerar que es un hecho público y notorio de lo que acontece en Miami, consideró prudente solicitar la posposición de la audiencia, para efecto de garantizar el derecho de defensa del indiciado. Acotó el magistrado fiscal que una vez se conozca la suerte del indiciado con su caso en los Estados Unidos, se solicitará una nueva fecha para celebrar la audiencia de imputación.

Por su parte, al correrle traslado al defensor público, en síntesis indicó que comparte el criterio del magistrado fiscal, por lo que no tiene objeción en la suspensión de la audiencia, a fin de cumplir con las garantías fundamentales del derecho a la defensa del indiciado.

Se destaca que la Defensa Pública estaba compuesta por Roummel Salerno como principal y Danilo Montenegro como sustituto, este último director general del Instituto de Defensa Pública, con el apoyo de los defensores públicos Alberto González, Arles Muñoz, Ricardo Mazza, Fernando Peñuela, Nora Martínez y Yira González.

El defensor Roummel Salerno dio a entender que estaba preparado para asumir la defensa, desde la perspectiva formal (procurando que se suspendiese la audiencia, atendiendo el deseo del indiciado de ser defendido por un abogado particular) y desde el punto de vista de fondo (una solicitud de rebeldía o una solicitud de imputación), al responderle al magistrado de Garantías que estaba enterado de lo acontecido en la carpetilla N°876-14.

Luego de escuchar los planteamientos tanto del magistrado fiscal, como del defensor público, el magistrado de Garantías José E. Ayú Prado Canals, decidió dar por finalizada la audiencia de imputación sin ninguna decisión, ante la propia manifestación de posposición solicitada por quien pidió la audiencia, esto es, el propio magistrado fiscal.

Aclara el magistrado de Garantías que esta decisión es sin perjuicio de que alguna de las partes puedan solicitar posteriormente otra nueva fecha de audiencia de imputación, para la cual, al tenor del artículo 10 del Código Procesal Penal, se tendrá a la Defensa Pública para prever cualquier imprevisto en la defensa particular.

Igualmente hizo la salvedad de que esta decisión no hace tránsito a cosa juzgada.

La audiencia culminó a las 9:50 a.m., la cual se desarrolló en el salón de Casación “Gabriel Elías Fernández”, del Palacio de Justicia Gil Ponce.