CONFIRMAN DECISIONES DE PRIMERA INSTANCIA POR BLANQUEO DE CAPITALES

El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá, integrado por los magistrados Fernando Alonzo, Yiles Pittí y Mauricio Marín, confirmó  las medidas cautelares personales a cuatro imputados, consistente en una detención provisional, y a otros tres (dos mujeres y un hombre), el reporte periódico los lunes y viernes de cada semana y prohibición de salir del país, proferida en primera instancia por un juez de garantías, por la presunta comisión del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales.

Los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones, mediante audiencia celebrada este lunes 3 de julio, dieron a conocer la decisión luego de escuchar a las partes intervinientes, y procedieron a resolver dos recursos de apelación. En ambos ponderaron los elementos de convicción que se mantienen en la causa penal.

En el recurso de apelación por la detención provisional, este tribunal observó que existen medios probatorios y las características necesarias vinculantes, además de los riesgos procesales de fuga, desatención del proceso y de afectar medios de prueba por la gravedad de los hechos; por la naturaleza y el delito imputado, así como el peligro para la comunidad y complejidad de los delitos, que superan los cuatro años.

De igual forma, el tribunal, con respecto al otro recurso de apelación, coincidió con el balance de riesgos de los otros tres imputados y valoró el hecho de que la defensa dio seguridad de que no desatenderán el proceso, ya que entregaron los pasaportes y no se evadieron, por lo que confirmaron las medidas de reporte periódico los lunes y viernes de cada semana y el impedimento de salida del país.

Durante esta audiencia de apelación, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Eduardo Rivera, mientras que la defensa técnica particular estuvo a cargo de los abogados Acelys Cárdenas, Ivonne Peña y Roger Lau Tang.

Este caso guarda relación con diversas investigaciones que se iniciaron con la llamada operación “Autana”, en que información suministrada por el FBI dio cuenta de una organización criminal internacional que presuntamente lavaba dinero en Panamá a través de cuentas bancarias a nombre de personas jurídicas, compraban bienes y cambiaban cheques en efectivo, además de la compra de criptomonedas con dinero procedente de actividades ilícitas.