Decretan medidas cautelares para funcionarios y exfuncionarios de Juntas Comunales en Chiriquí y la Comarca Ngäbe Buglé

Los jueces de Garantías del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de la provincia de Chiriquí, Bienvenida Araúz y Juan Castillo, decretaron medidas cautelares personales para cinco ciudadanos imputados por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado agravado y sustracción de documentos públicos, en perjuicio de la Autoridad Nacional de Descentralización.

En el primer acto de audiencia de solicitudes múltiples, y tras escuchar los argumentos de las partes intervinientes, la jueza Araúz decretó depósito domiciliario para el exrepresentante de la Junta Comunal de Volcán, y a la extesorera le impuso el deber de presentarse los días lunes, miércoles y viernes en la Casa de Paz de esa localidad, además de la prohibición de visitar la Junta Comunal de Volcán y la Junta Comunal de Cordillera, en el distrito de Boquerón, por malversación de fondos.

En la segunda audiencia, la misma jueza impuso al actual representante y al tesorero de la Junta Comunal de Solano, en el distrito de Bugaba, depósito domiciliario y la prohibición de utilizar equipos tecnológicos para comunicarse con las víctimas y testigos de la comunidad, por diversas formas de peculado.

Mientras que, en la tercera audiencia, el juez Castillo ordenó la detención provisional para el exrepresentante de la Junta Comunal de Guayabito, en el distrito de Ñurüm, en la Comarca Ngäbe Buglé, por peculado agravado y sustracción de documentos públicos.

Los juzgadores consideraron que dichas medidas son necesarias y proporcionales a la naturaleza de los hechos, y que con ellas se garantizan los fines del proceso.

En estas audiencias, los jueces legalizaron la aprehensión de los imputados y dieron por presentada la solicitud de imputación de cargos, sustentada por los fiscales anticorrupción Johana Osorio, Yuli Fuentes y Jorge Troncoso.

Conocida la decisión, las dos representantes del Ministerio Público presentaron recurso de apelación, al igual que lo hizo el defensor público que atendió el tercer caso. La audiencia para resolver el primer recurso fue agendada para las 2:00 p.m. del lunes 4 de agosto; la segunda, para las 8:30 a.m. del martes 5 de agosto; y la tercera, para las 2:00 p.m. del miércoles 6 de agosto de 2025.

En la audiencia seguida a los exfuncionarios de la Junta Comunal de Volcán participaron los defensores particulares José Altamirano y Víctor Pittí; mientras que en la de Solano estuvieron Abdiel Ortíz y Carlos Caballero; y en la de Guayabito, el defensor público Andrés Solís.

La investigación que dio origen a estos procesos fue iniciada tras un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, en el cual se determinó el presunto uso indebido de fondos públicos destinados al Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS), durante el período 2019–2025.