Decretan medidas cautelares para funcionarios y exfuncionarios de Juntas Comunales en la provincia de Chiriquí

La Jueza de Garantías del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de la provincia de Chiriquí, Rita Williams, decretó medidas cautelares personales para cuatro ciudadanos imputados por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado agravado y sustracción de documentos, en perjuicio de la Autoridad Nacional de Descentralización.

En el primer acto de audiencia de solicitudes múltiples, y tras escuchar los argumentos de las partes intervinientes, la Jueza decretó la privación de libertad para la actual representante de la Junta Comunal de Dolega cabecera, por la presunta comisión del delito de peculado; así como para la ex tesorera, imputada por la presunta comisión de peculado y sustracción de documentos. La jueza de garantías fundamentó la aplicación de dichas medidas, considerándolas necesarias y proporcionales a la naturaleza del hecho, debido a los riesgos procesales existentes.

En la segunda audiencia, la Jueza Williams impuso medidas cautelares a un exrepresentante y a un extesorero de la Junta Comunal de Quebrada de Piedra, distrito de Tolé, que consisten en la prohibición de acercarse a dicha Junta Comunal y a nueve beneficiarios del Programa de Interés Social. Los exfuncionarios fueron imputados por la presunta comisión de los delitos de peculado y sustracción de documentos.

Durante ambas audiencias, el Tribunal legalizó la aprehensión de tres de los imputados y declaró ilegal la aprehensión de una de las imputadas. Asimismo, dio por presentada la solicitud de imputación de cargos sustentada por los fiscales del Ministerio Público, licenciadas Alia Suleimán (primera audiencia) y Jorge Troncoso (segunda audiencia).

En las audiencias participaron también los defensores particulares Anthony Espinoza y Dalys Rodríguez, así como la licenciada Ana Alvarado, en representación de los cuatro imputados.

La investigación que dio origen a estos procesos fue iniciada tras un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, en el cual se determinó el presunto uso indebido de fondos públicos destinados al Programa de Interés Social (PDIS), durante el período 2021–2024.

Por: Vielka Cádiz Franco.