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Juez se acoge al término por caso de terrenos del BDA



El Juzgado Decimocuarto Penal, se acogió al término que establece la Ley para dictar la sentencia que en derecho corresponda, al sumario seguido a los señores Cecilia Díaz y Aldo McBean, por la supuesta comisión de los delitos contra la fe pública y contra el patrimonio, en perjuicio de varias empresas y del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA).

Durante la audiencia ordinaria, los querellantes y la Fiscalía solicitaron al Tribunal la pena máxima contra ambos sindicados, por su actuación de manera dolosa por la venta de terrenos del BDA, a través de subastas públicas que nunca existieron.

Por su parte, la defensa particular a cargo del abogado Armando Guerra, solicitó la absolución para sus defendidos por los delitos imputados por la Fiscalía.

Previo a la fase de alegatos, el abogado Edwin Sanjur presentó un incidente de daños y perjuicios por la suma aproximada de 268 mil dólares, a favor de una de las empresas estafadas, a razón de gastos en diligencias y representaciones legales en el proceso. Este incidente que fue admitido por el juzgado, por lo que será emitida su resolución junto con la sentencia.

En el acto de audiencia, se evacuaron pruebas entre ellas, informes de peritos del IMELCF que determinaron que los documentos presentaban alteraciones y algunas firmas y sellos que no eran los utilizados por el BDA para estos trámites, como también informes de diligencias de allanamientos en las residencias de los procesados, donde fueron encontradas resoluciones alteradas.

La investigación por este caso se inicio cuando funcionarios del BDA descubieron que los títulos de propiedad de algunas fincas fueron traspasados a terceros, a través de supuestas subastas públicas en el año 2009, por fuertes sumas de dinero, cuando el banco las había suspendido en el año 2008.

Por esta investigación también se encuentra imputado el exasesor del BDA, Osman Alexis Soto Guerere, detenido en Ecuador con fines de extradición a Panamá, para que rinda sus descargos por una presunta estafa que supera los cien mil dólares en perjuicio de varias empresas. De manera que tan pronto sea extraditado a Panamá, el Juzgado realizará las tramitaciones para enjuiciarlo.


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