Legalizan aprehensión de bienes en el caso "Operación El Gallero"

Un total de 28 vehículos, 2 residencias y un local comercial fueron los bienes que legalizó su aprehensión provisional, el juez de Garantías, Mike Zuñiga durante una audiencia que se realizó este 4 de octubre, en el salón de audiencias del Segundo Tribunal Superior de Justicia, dentro del proceso por la "Operación El Gallero".

La decisión se da luego de la petición del fiscal de drogas, Markel Mora, basada en los artículos 252, 257 y 258 del Código de Procedimiento Penal, y quien sustentó que estos bienes están relacionados con la investigación que se realiza a 11 imputados por los delitos de blanqueo de capitales, corrupción de servidores públicos, tráfico internacional de drogas, posesión y tráfico de armas, y asociación ilícita para delinquir.

El fiscal presentó la resolución del 23 de septiembre del 2017, sobre la aprehensión de los 28 vehículos, donde se encontraban diversas marcas de lujo.

Además, en base a la resolución del 28 y 29 de septiembre de 2017, respectivamente, el fiscal sustentó la legalidad de la aprehensión de una casa ubicada en el corregimiento de Ancón, y dos inmuebles ubicados en la provincia de Los Santos, que trata de una residencia y un local comercial.

Niegan solicitudes de afectaciones de derechos

En una segunda audiencia, se evacuaron dos solicitudes de afectación de derechos, una solicitada por el abogado Javier Quintero, quien pidió que la vivienda ubicada en el corregimiento de Ancón pudiese ser utilizada por los familiares (esposa e hijas) de uno de los imputados, pero la misma fue negada, ya que el Juez de Garantías explicó que ya fue legalizada la aprehensión de este bien, por lo tanto sería contradictorio que la familia disfrute del mismo.

El juez agregó que los bienes relacionados con el delito son excluídos del dominio del imputado, como de los terceros afectados.

Quintero también peticionó que se le permita a la esposa de su cliente, ingresar a la casa y retirar los artículos de primera necesidad de ella y de sus hijas, lo cual fue autorizado por el juez, siempre y cuando se coordine con la fiscalía.

La segunda solicitud de afectación de derechos, la hizo el abogado Rigoberto Vergara, quien pidió al Ministerio Público que en un término establecido puedan obtener la documentación del caso a través de la plataforma del Sistema Penal Acustorio, con el fin de mantener la información actualizada de la misma. Ante esto, el Juez de Garantías exhortó tanto al Ministerio Público para actualizar los datos, como a los abogados para que acudan a las instalaciones del Ministerio Público para que tengan de primera mano copias de las carpetilla.

Además, el abogado Arquímedes Saénz explicó que dentro del local comercial, propiedad de su representado, se alquiló un espacio de 30 metros a una señora para que ubicara una pequeña fonda para la venta de comidas cuando habían actividades en este lugar, por lo que solicitó que se le permitierá a esta ciudadana retirar los materiales y utensilios de este área, petición que fue autorizada por el juez de garantías, y que debe ser coordinada con el fiscal de la causa.

Antes de finalizar, la abogada Gladys Quintero pidió que por logística, su defendido pueda mantenerse en la residencia de su hijo ubicada en la ciudad capital hasta el día viernes, ya que tiene que asistir a la audiencia ante el Tribunal de Apelaciones que se realizará este viernes 6 de octubre en las oficinas del Sistema Penal Acusatorio del Primer Circuito Judicial. Esto debido a que el mismo cuenta con una medida cautelar de arresto domiciliario en la provincia de Los Santos.

El juez Zuñiga accedió a la petición pero resaltó que una vez conlcuída la audiencia del viernes, se traslade inmediatamente a su residencia, siempre y cuando no haya un cambio de la medida en dicha audiencia.