Magistrado Zamorano recibe a afectados por dietilenglicol

Este viernes 21 de abril, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Abel Augusto Zamorano recibió en el salón del Pleno del Palacio Gil Ponce, a una delegación de los afectados por el envenenamiento masivo con Dietilenglicol, encabezada por su dirigente Gabriel Pascual, donde se le hizo entrega de una copia autenticada de la resolución de la sentencia en firme de segunda instancia del caso.

“Esta Corte trata de hacerle justicia y estamos empeñados a que la administración de justicia cambie; mi actuación es en estricto apego a la Constitución y a la ley y en este caso en el Código Penal, y los comprendo a todos por la situación que han vivido”, señaló el magistrado Zamorano, ponente del fallo dictado por la Sala Penal.

En el encuentro, el magistrado escuchó de viva voz el testimonio de cada uno de los familiares y pacientes presentes, quienes enfatizaron que desde hace más de 10 años la vida les cambió. Al respecto, el magistrado Zamorano aprovechó la oportunidad para explicar el procedimiento y las etapas del proceso que denotaba un descontento por la supuesta demora en la conclusión del presente caso que conmocionó al país.

En tanto, el dirigente del Comité de Familiares y Pacientes por el Derecho a la Salud y a la Vida, Gabriel Pascual señaló que “No estamos buscando venganza, estamos buscando justicia para todos los afectados, y nos sentimos complacidos por habernos dado la oportunidad de recibir esta resolución que pone fin a una parte importante de este proceso”.

Dentro de los presente se encontraba la señora Ilka Araúz (hija de uno de los afectados) quien expresó su satisfacción de que ya por parte de la Corte Suprema de Justicia han obtenido respuesta, “Hoy es un día muy grande para nosotros”, sostuvo.

“Después de tantos años de lucha, tenemos resultados, se está haciendo justicia, seguiremos adelante con nuestro legado”, dijo la señora Gloria de Coronado, otra de las afectadas.

Por su parte, el vicepresidente del Comité, Daniel Sarmiento dijo, “Estamos agradecidos por el gesto que han tenido hoy en día para con nosotros, yo perdí a dos familiares, en momento íbamos a dejar esta lucha pero por al ver tanto sufrimiento con tanto padecimiento, nos comprometidos hasta el final, se hizo justicia”.

En esta causa, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, constituido en tribunal de apelación, resolvió mediante resolución de fecha 11 de abril de 2017, reformar parcialmente la Sentencia 1era. Instancia N° 18 de 26 de julio de 2016, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, e impuso penas de prisión que oscilan entre 18 meses hasta 15 años, que deberán cumplir algunos de los procesados en esta causa.