Nota de Prensa

En el marco de la Conferencia Internacional "Justicia Constitucional: Doctrina y Practica", organizada por "St. Petesburg International Legal Forum" y el Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia, en horas de la tarde de este martes, 16 de mayo, el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José E. Ayú Prado Canals, disertó el tema "Evolución, Estructura y Características de la Jurisdicción Constitucional en Panamá".

La disertación estaba programada para últimos minutos de la mañana, pero las interesantes exposiciones del presidente del Tribunal Constitucional, Valery Zorkin; y de los presidentes de las Cortes Constitucionales de Armenia, Eslovaquia, Bulgaria, Kazahastán, Corea del Sur, Afganistán, Bosnia & Herzegovina, Myanmar, Eslovenia, obligó a retrasar el programa para la disertación de Uzbekistán, Panamá, Montenegro, Kirguistán, India e Israel.

Hoy también disertaron presidentes y vicepresidentes de las Cortes Constitucionales de Croacia, Azerbaiján, Portugal, Turquía, y jueces Constitucionales de Tailandia, Tajikistán, Rumanía y Mongolia.

La invitación se originó por una visita oficial realizada en el 2016,  por el magistrado presidente Ayú Prado, al Tribunal Constitucional de Rusia.

Tanto en esa ocasión, como ahora, la Federación de Rusia incluyó en la invitación el traslado, hospedajes y alimentación del magistrado presidente y ahora del magistrado Cecilio Antonio Cedalise Riquelme.

Forma parte de la delegación de Panamá el secretario general del Primer Tribunal Superior de Justicia, José Juan Karamañites.

El jueves próximo, 18 de mayo, el magistrado presidente Ayú Prado dictará una conferencia, pero en el "VII St. Petesburg International Legal Forum", en un sub evento sobre Quiebra e Insolvencia Internacional.

El magistrado José E. Ayú Prado Canals concluyó su disertación de hoy, subrayando a todos los presentes que Panamá no es un paraíso fiscal para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y explicó que Panamá cuenta con infraestructura, leyes, fiscales, jueces y "enforcement" para prevenir y luchar contra el crimen organizado, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.