El Sistema Penal Acusatorio se implementará en todo el país el 2 de septiembre de 2016, cumpliendo con el Código Procesal Penal

La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia desea aclarar a la ciudadanía en general, que la implementación del Sistema Penal Acusatorio está programada de acuerdo a lo que contempla el numeral 4 del Artículo 556 del Código Procesal Penal de 2008, de conformidad con la última reforma introducida por la Ley 8 de 6 de marzo de 2013, es decir, para el 2 de septiembre de 2016, en los Circuitos Judiciales de La Chorrera, San Miguelito, Panamá, Colón y Darién, así como en las 5 comarcas Gunas y Emberá Wounan.

Hasta la fecha, el Órgano Judicial no conoce la existencia de un ante proyecto de Ley, dirigido a modificar el plazo establecido en el Código Procesal Penal. La actual Junta Directiva de la Corte Suprema de Justicia (2016 - 2017), a diferencia de lo que ocurrió en el bienio 2012 - 2013, no sugerirá la alteración del programa de implementación del SPA, sin antes hacer una consulta con el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y quienes están apoyando la capacitación y la preparación de la infraestructura.

En la segunda mitad del 2015, la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia solicitó por escrito, a la Representación en Panamá de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la Representación en Panamá de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y a las oficinas gubernamentales estadounidenses que están capacitando a los funcionarios del Órgano Judicial, que hicieran llegar un diagnóstico o punto de vista, para la implementación del Sistema Penal Acusatorio en el 2016, y no se recibió ninguna recomendación de dividirla por Circuitos Judiciales.

En el Presupuesto del Órgano Judicial del 2016, de B/. 137,203,600.00, se asignó para el Sistema Penal Acusatorio, B/. 23,579,600.00, en funcionamiento y B/. 9.3 millones en inversión, es decir, un total de B/. 32,879,600.00.

La Junta Directiva de la Corte Suprema de Justicia del bienio 2014 - 2015, solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas, para el Sistema Penal Acusatorio en el 2016, la cantidad de B/. 48,949,100.00, es decir, B/. 16,069,500.00 millones adicionales.

Los B/. 32,879,600.00 millones asignados en el Presupuesto del Órgano Judicial del 2016, para el Sistema Penal Acusatorio, debe abarcar la continuación de la implementación en los Circuitos Judiciales de Coclé, Veraguas (implementado en el 2011), Herrera, Los Santos (implementado en el 2012), Chiriquí, Bocas del Toro y la Comarca Gnäbe Buglé (implementado en el 2015), la Sala Penal y el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (implementado a partir del 2011) y lo que debe aplicarse el 2 de septiembre de 2016 en La Chorrera, San Miguelito, Panamá, Colón, Darién y las 5 comarcas Gunas y Emberá Wounan.

La implementación del Sistema Penal Acusatorio en todo el país no depende únicamente de los recursos que se asignen al Órgano Judicial, sino que debe observarse de modo inter institucional: la Policía Nacional y demás estamentos de seguridad (Servicio Nacional de Fronteras, Servicio Aeronaval, Servicio Nacional de Migración, Autoridad Nacional de Aduana), el Ministerio Público, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Órgano Judicial (sin excluir al Instituto de Defensoría de Oficio, en sus roles de defensor público de los imputados, defensor de la víctima y defensor de los adolescentes, el Instituto Superior "César A. Quintero", antigua Escuela Judicial y la Carrera Judicial), el Colegio Nacional de Abogados y el Sistema Penitenciario Nacional (lo que corresponde a las detenciones provisionales y las ejecuciones de las sentencias que dispongan los Jueces de Cumplimiento).

Por parte del Órgano Judicial, todas las semanas se están realizando actividades dirigidas a monitorear la implementación en Coclé, Veraguas, Herrera, Los Santos, Chiriquí, Bocas del Toro, la Comarca Gnäbe Buglé, y para la próxima entrada en vigencia el 2 de septiembre de 2016. Todo se informa por medio de la página web institucional, a fin de recibir inquietudes y comentarios para realizar los ajustes, continuando apostando por la transparencia y rendición de cuentas.

La Corte Suprema de Justicia confía en la ejecución de un Convenio que se suscribió con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), para lograr la obtención de los recursos necesarios para la implementación del Sistema Penal Acusatorio, por medio de donaciones que recibirá y administrará esa oficina de las Naciones Unidas, con el compromiso de entregar a la República de Panamá resultados y productos.

No se descarta lograr de manera indirecta con el Convenio con la ONUDC, la obtención de recursos en especie (equipos y tecnología) que requiere el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, v.g., equipamiento de nuevas morgues judiciales, dotación y actualización de equipos como AFIS, IBIS, etc.; y, de la misma manera lograr insumos que se canalicen por medio del Instituto Superior de la Judicatura de Panamá "Doctor César Augusto Quintero Correa" (antigua Escuela Judicial) y para el inicio de la implementación de la Carrera Judicial.

A pesar de haberse solicitado B/. 22,038,700.00 (B/. 22 millones de balboas) para la Carrera Judicial, primero ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), luego ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional (en presencia de 7 de los Magistrados titulares de la Corte Suprema de Justicia), y nuevamente ante el MEF, no se asignó ningún recurso en el Presupuesto del 2016, ni en funcionamiento ni en inversión, para la implementación de la Carrera Judicial.

Antes del 15 de febrero de 2016, con pleno conocimiento de la fecha (mucho antes del día previamente fijado para solicitar créditos adicionales), la Corte Suprema de Justicia solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas, un crédito adicional de 30 millones de balboas, B/. 20 millones para la implementación del Sistema Penal Acusatorio y B/. 10 millones para iniciar la Carrera Judicial, esto último preocupados por cumplir con lo que señala la Ley 53 de 27 de agosto de 2015.

Sobre este punto en particular, el Ministerio de Economía y Finanzas, respondió recomendando que el Órgano Judicial hiciese los esfuerzos por recuperar un recurso monetario latente, en los certificados de garantías no reclamados ni devueltos, que datan de 5, 10, 15, 20 y más de 25 años de haberse adquirido. La Corte Suprema de Justicia atendiendo dicha sugerencia, está culminando los trámites necesarios para la recuperación de esos dineros, sin soslayar el continuar apostando por la transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, el inventario no concluido indica que la cifra a recuperar no alcanzará ni la mitad de lo que se solicitó en crédito adicional.

La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) distinguió a la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá, como una de la más altas Corporaciones de Justicia de únicamente 5 países, para adelantar un ambicioso proyecto acerca de la implementación de la justicia ambiental en el continente americano. Queda pendiente la asignación del enlace o contacto de la Corte Suprema de Justicia de Panamá con la OEA, a fin de dar inicio al programa de justicia ambiental.

Se ha propuesto tratar el asunto de las asignaciones de tareas a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para el Pleno ordinario del jueves 25 de febrero de 2016, que incluirá, entre otros temas importantes, la implementación del Sistema Penal Acusatorio, la Carrera Judicial, el seguimiento al programa de la Comisión Interamericana Contra el Abuso de Drogas (CICAD - OEA) de los Tribunales de Tratamientos de Drogas, de los programas de la Secretaría General de la OEA de los Facilitadores Judiciales y de la Justicia Ambiental, el cumplimiento de las Reglas de Brasilia y las Reglas de Santiago sobre el acceso a la justicia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Nacional sobre los Derechos del Niño y la Niña, la Comisión Nacional sobre Trata de Personas, Comisión Nacional sobre la Tortura y otras, la digitalización e informatización de los expedientes archivados y de los archivos administrativos, el mejoramiento de la jurisdicción de adolescentes, la actualización de la jurisdicción civil ordinaria, la transparencia y rendición de cuentas, el Instituto Superior "César A. Quintero", el Instituto de Defensoría de Oficio, la protección de las víctimas y de los testigos, los métodos alternos de resolución de conflictos, la jurisdicción agraria, etc.

Con los B/. 32 millones de balboas asignados en el Presupuesto del Órgano Judicial para el 2016 (en lugar de los casi B/. 49 millones de balboas solicitados), específicamente para la implementación del Sistema Penal Acusatorio, además de la colaboración que se está recibiendo de parte de oficinas gubernamentales de los Estados Unidos de América y de Poderes Judiciales de países latinoamericanos, europeos y asiáticos, lo que se solicite y se obtenga en crédito adicional al Ministerio de Economía y Finanzas, lo que se logre con el Convenio con la ONUDC, sin excluir otra forma de colaboración que pueda recibirse de la OEA o de la Unión Europea, se programa implementar el Sistema Penal Acusatorio el 2 de septiembre de 2016, en La Chorrera, San Miguelito, Panamá, Colón, Darién y las comarcas Gunas y Emberá Wounan.