Reprograman audiencia de apelación a una extranjera de la tercera edad por tráfico ilícito de migrantes

Por falta de un traductor de la lengua “quechua” y a fin de garantizar los derechos fundamentales de toda persona, se reprogramó para el próximo jueves, 30 de agosto, a las 2:30 de la tarde, la audiencia de apelación para verificar la orden de detención provisional decretada por una juez de Garantías, a una mujer ecuatoriana, de 70 años de edad, imputada por el delito de tráfico ilícito de migrantes, en perjuicio de dos menores de edad (10 y 16 años).

Así lo dieron a conocer en la audiencia iniciada este lunes 27 de agosto, los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial, Manuel Mata (presidente), Miriam Jaén y Adrián Hernández, luego de escuchar a la defensora pública Gianina Haldar, y al encargado de Asuntos Consulares de la República de Ecuador en Panamá, Alvino Antuash, quienes indicaron que la imputada sólo habla el dialecto de los pueblos originarios de esa región de los Andes centrales de Sudamérica, denominado “quechua”.

El diplomático ecuatoriano advirtió a los magistrados que no maneja el idioma de la imputada, pues son tres dialectos distintos que se hablan en su país, y por ello tan solo la asistió con muchos inconvenientes en la primera audiencia.

En ese sentido, el representante del consulado ecuatoriano se comprometió a gestionar lo pertinente para que en la fecha alterna, se pueda contar con una persona conocedora de la lengua de la imputada, para que la asista como intérprete en dicho acto de audiencia.

Previo a este decisión, los magistrados dispusieron sancionar con una multa de 50 balboas a la directora del Centro Femenino de Rehabilitación, por la demora de al menos una hora y media para hacer efectivo el traslado de la detenida para esta audiencia. Ello en atención de lo dispuesto en los artículos 64, 65 y 66 del CPP.

En esta audiencia estuvo presente la fiscal Paula Garcés, de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, quien en audiencia de control de garantías realizada el pasado 22 de agosto, logró la formulación la imputación y aplicación de la medida cautelar personal más severa, más no la legalización de la aprehensión que fue decretada como ilegal por la juez de Garantías, por darse violaciones de los derechos de la aprehendida.

Esta investigación surgió con informe del Servicio Nacional de Migración de Panamá, que indicaba el ingreso irregular de una mujer con 2 menores de edad, con una supuesta autorización de salida del país de los padres de los infantes, donde señalan el permiso a viajar específicamente a Lima, Perú por espacio de 10 días.