Se realiza audiencia preliminar por caso de la DGI

La jueza Primera de Circuito Penal de Panamá, Agueda Rentería Sánchez, en audiencia preliminar celebrada en la mañana de este jueves, 26 de octubre, dentro de la causa penal seguida al exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Luis Enrique Cucalón Uribe, Cristóbal Humberto Salerno, Magaly Ramos, María Alessandra Salerno Gómez, Edgardo González e Irasema Sánchez, sindicados por la supuesta comisión de los delitos contra la administración pública, en la modalidad de peculado y corrupción de servidores públicos, y contra la fe pública, en la modalidad de falsedad ideológica; luego de escuchar los alegatos de conclusión, se acogió al término de ley para calificar el sumario.

A este acto de audiencia asistieron todos los imputados, con excepción del prenombrado Cristóbal Salerno, quien a través de su abogado particular Orlando Castillo, presentó excusa por motivo de salud. El licenciado Castillo también representó los intereses de los prenombrados Ramos, Salerno Gómez, González y Sánchez. Además comparecieron a la audiencia en representación de la Fiscalía de Descarga Anticorrupción, Adecio Mojica; y por parte de la querella ejercida por el Ministerio de Economía y Finanzas, el abogado Jorge Ortega. También asistió el abogado particular Edwin Teira, en defensa del precitado Cucalón Uribe.

Previamente, la jueza negó una petición de proceso abreviado formulada por la defensa de Luis Cucalón, en base a la ausencia de uno de los imputados en el acto de audiencia, no obstante, le informó que la petición sería tomada en cuenta para futuros beneficios procesales.

En los alegatos de conclusión, el fiscal se reiteró lo que estableció en la Vista Fiscal N° 36 de 5 de febrero de 2016, en la que solicita un auto de llamamiento a juicio contra Luis Cucalón, Cristóbal Salerno y Magaly Ramos, por los delitos de peculado y corrupción de servidores públicos. Asimismo, peticionó un llamamiento a juicio para los prenombrados Cucalón y Ramos, por el delito de falsedad ideológica. En tanto, en favor de Edgardo González, Irasema Sánchez y María Salerno, solicitó un sobreseimiento provisional, toda vez que a su criterio no se evidencia participación de ellos en los hechos investigados.

Por su parte, el abogado querellante Jorge Ortega, luego de referirse a aspectos objetivos y de vinculación de los imputados, coincidió con la petición hecha por el Ministerio Público.

En tanto, el defensor particular Orlando Castillo, hizo mención a la colaboración voluntaria, eficaz y efectiva de su patrocinado Cristóbal Salerno, quien refiere ha reintegrado al Tesoro Nacional la suma de 2.6 millones de balboas; y que actualmente negocia un acuerdo de pena con el Ministerio Público. Con respecto a su defendida Magaly Ramos, indicó que la misma actuó por instrucciones de Salerno; no obstante, indicó el abogado que estos elementos serán expuestos en la siguiente fase. En cuanto a sus otros defendidos, indicó el abogado Castillo que comulga con lo solicitado por el Ministerio Público, en cuanto a que se profiera un sobreseimiento provisional para ellos.

Finalmente, el abogado particular Edwin Teira, expuso en su alegato que no se ha acreditado el dolo por parte de su patrocinado Luis Cucalón, por cuanto los cheques con los que se pagó a Cobranzas del Istmo, no fueron firmados por su defendido, sino por el titular del MEF y la Contraloría General de la República. Aunado a ello, indicó que la legalidad del acto administrativo del contrato en cuestión fue declarado nulo en el 2016, y es a partir de allí que el Ministerio Público debió iniciar una investigación, y no con antelación. Por ello, solicitó un sobreseimiento provisional en favor de Luis Enrique Cucalón Uribe.

Antes de concluir el acto de audiencia, la jueza le corrió traslado a las partes de un incidente pendiente de resolver sobre la desaprehensión de los bienes incautados en la etapa de instrucción. Una vez las partes emitieron su opinión al respecto, quedó pendiente entonces que el juzgado resuelva posteriormente el mismo.

Según consta en el expediente, esta causa penal guarda relación con las supuestas irregularidades en las cláusulas del contrato N° 100 de fecha 25 de agosto de 2010, entre la Dirección General de Ingresos y la empresa Cobranzas del Istmo, S.A., que según un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, se ocasionó una lesión patrimonial de $ 29,561,501.67, de los cuales se devolvió por parte del imputado Cristóbal Salerno $20,699,982.98.

Durante la audiencia también se hizo alusión a una solicitud de medida cautelar distinta a la detención preventiva en favor de Luis Cucalón, que se encuentra pendiente que la querella emita concepto, para posteriormente el juzgado proceda a resolver lo que en derecho corresponda.