Tribunal de Apelaciones revocó solo una medida de detención provisional en caso “El Gallero”

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Este viernes 6 de octubre, el Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito Judicial reformó la resolución del 27 de septiembre de 2017, y revocó la medida cautelar de detención provisional a uno de los 7 imputados, por el caso conocido como "Operación El Gallero", y confirmó la medida de los otros seis que habían presentado recurso de apelación.

La audiencia que fue solicitada por el fiscal de Drogas, Markel Mora, para el cambio de medida cautelar de arresto domiciliario de tres de los imputados por detención provisional, fue negada por el Tribunal de Apelaciones, al considerar como prudente la decisión que en su momento tomó la juez de Garantías, ya que dos de los imputados tienen más de 60 años de edad y la otra Imputada, es cabeza de familia y tiene a su cuidado dos menores de edad.

Mientras que de las cuatro apelaciones presentadas por la defensa de los imputados, solo una se reformó a una medida menos severa que la detención provisional, por reporte periódico y prohibición de salida del país, al determinar que para el delito de corrupción de funcionarios públicos, no era proporcional con la medida de detención provisional aplicada por el juez de garantías.

Cabe señalar, que el día jueves 5 de octubre, en horas de la tarde, el defensor Javier Quintero presentó un escrito desistiendo de la apelación que había presentado para su defendido.

En cuanto a la petición de los abogados Benito Mojica y Rigoberto Vergara, para reemplazar la detención provisional por otra menos severa de sus representados, el Tribunal les negó el recurso de apelación, toda vez que estos imputados se encuentran vinculados activos y directamente a este proceso, por lo cual representan un peligro para la sociedad, y existe el peligro de fuga.

En cuanto al defendido de la licenciada Gladys Quintero, el Tribunal negó la petición de cambiar la medida de arresto domiciliario por otra menos severa, porque existe una vinculación directa al delito de corrupción de funcionarios que se le imputó, y porque aún hay diligencias pendientes de realizar en el lugar donde laboraba.

En el caso del defendido del abogado Arquímedes Sáenz, el Tribunal argumentó que se justifica la medida de detención provisional por la pluralidad de los delitos imputados, ya que se le imputaron cuatro delitos.

Por este caso los imputados están vinculado por los delitos de blanqueo de capitales, corrupción de servidores públicos, tráfico internacional de droga, posesión y tráfico de armas, y asociación ilícita para delinquir.El Tribunal estuvo compuesto por los magistrados Carlos Rivas (presidente), Gustavo De Gracia y Miriam Jaén.