118 expedientes ingresaron al Juzgado de Pensión Alimenticia de Coclé en sus primeros 35 días de implementación

Un total de 118 expedientes han ingresado al Juzgado de Ejecución de Pensión Alimenticia de Niñez y Adolescencia de la provincia de Coclé desde su implementación el pasado mes de agosto. Este despacho judicial tiene entre sus funciones ejecutar las medidas establecidas en la Ley como consecuencia del incumplimiento del pago de las pensiones alimenticias.

En este periodo, el nuevo juzgado a cargo del juez Roderick Chaverri, ha dado trámite a todos los expedientes ingresados y se han logrado un total de 62 notificaciones a pesar de las dificultades que hay para localizar a personas con direcciones en otras provincias.

Durante este tiempo se han programado 20 audiencias con el fin de resolver el incumplimiento del pago de las pensiones alimenticias, de las cuales se realizaron 19 y una no fue necesaria debido a que las partes llegaron a un acuerdo previo donde se logró hacer el pago correspondiente.

El juez Chaverri dio a conocer a través de un informe que el Juzgado de Ejecución de Pensión Alimenticia de Coclé ha dictado 28 autos de resoluciones corporales, todos notificados, y se dio con la aprehensión de 4 personas. De los 28 notificados, todos se pusieron al corriente pagando las sumas que adeudaban.

En términos de morosidad, el nuevo juzgado ha recuperado en los primeros 35 días de funcionamiento unos B/. 6,375.00 de una deuda total de B/. 66,340.00 y ha establecido arreglos de pago por el monto de B/. 38,212.50.

La Ley 42 de 2012 General de Pensión Alimenticia, reformada por la Ley 45 de octubre de 2016, establece medidas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimenticias, incluyendo el secuestro especial de bienes y la suspensión de licencias, así como la detención provisional de quienes no paguen pensiones alimenticias en los plazos establecidos. Cuando un obligado incumple, el juez de ejecución puede ordenar el secuestro de sus bienes a solicitud de la persona interesada.

Además, se destaca que la Policía Nacional puede intervenir en casos de desacato, coordinándose con los jueces de paz para ubicar y notificar a las partes involucradas en los procesos. La creación de este nuevo despacho judicial busca 

proteger los derechos de niños y adolescentes, asegurando que los padres cumplan con su deber.

Por: José Manuel Adames Vega