378 casos ha resuelto el Juzgado de Ejecución de Pensiones de Familia en Chiriquí

Trescientos setenta y ocho (378) casos resolvió el Juzgado de Ejecución de Pensión Alimenticia de la Jurisdicción de Familia de la provincia de Chiriquí, de las 823 solicitudes ingresadas desde que fue creado en el mes de julio hasta finalizar el mes de septiembre pasado.

Un informe proporcionado por la jueza encargada del citado juzgado, Nurys Magnolia Philides Casasola, señala que en la mayoría de estos casos, las personas se han presentado durante los tres días hábiles con el comprobante de pago que demuestra que cumplió con su responsabilidad.

No obstante, han girado 33 oficios a la Dirección de Investigación Judicial y la Policía Nacional, para que hagan efectivas las órdenes de arresto contra quienes han incumplido con el pago de las pensiones establecidas en su debido momento por los jueces municipales.

Entre los casos presentados figuran 674 solicitudes de desacato, 113 morosidades, 7 secuestros y 29 medidas de incumplimiento. 

Al respecto, la jueza Philides Casasola indicó que en la actualidad hay 445 expedientes que se mantienen activos y se les está dando el trámite respectivo para que los demandados cumplan en el menor tiempo posible con su compromiso. 

“Nuestro equipo de trabajo seguirá trabajando a diario para cumplir con el proceso de notificación y cobro de la cuota alimenticia”, puntualizó. 

La puesta en marcha del Juzgado de Ejecución de Pensión Alimenticia de la Jurisdicción de Familia se hizo con el objetivo de garantizar una paternidad y maternidad responsable, ofreciendo las herramientas necesarias para asegurar el cumplimiento de las pensiones alimenticias, fundamentales para el desarrollo y bienestar de los niños y niñas, titulares y sujetos de derechos, merecedores de protección y cuidados especiales debido a su condición de vulnerabilidad.

Con la implementación de este juzgado, se cumple con lo establecido en la Ley 42 de 7 de agosto de 2012, modificada por la Ley 45 de 14 de octubre de 2016, y con el deber de garantizar la supervivencia y el desarrollo del niño, fortaleciéndose una Justicia especializada y más eficiente, como determina el Plan Estratégico Institucional 2020-2030, que establece directrices claras hacia un sistema de garantías de derechos, especialmente para aquellos en condiciones de vulnerabilidad. 

Por: Vielka Cádiz

Revisado: gas.