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Comunicado de Prensa



Respetando el derecho de la sociedad panameña a tener información completa, sobre los aspectos públicos dentro del proceso penal, se comunica que en relación a las dos compulsas de copias remitidas por el Juzgado Décimo Sexto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial donde se menciona a una Diputada del Parlamento Centroamericano (Parlacen), por delito Contra la Administración Pública, ingresadas bajo las entradas 966-19 y 967-19, y adjudicadas a los despachos de los magistrados Abel Augusto Zamorano y Hernán A. De León Batista, respectivamente, en reunión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, del jueves 7 de noviembre de 2019, se decidió de forma unánime, asumir la competencia y proseguir con el trámite en el estado en que se encuentran ambas compulsas de copias.

 

También el Pleno de la Corte decidió ordenar la acumulación oficiosa de ambas compulsas al despacho del magistrado Abel Augusto Zamorano, así como proseguir ambas causas penales en la fase del JUICIO ORAL, por lo que la fecha para la celebración de la audiencia será fijada por la Oficina Judicial, y comunicada a las partes conforme lo señala el Código Procesal Penal.

 

Existe una situación distinta a la que hasta el momento se había visto por esta Corporación de Justicia, y es el grado de avance del proceso en este caso; habida cuenta, que en ambos procesos existe apertura a Causa Criminal por el Juzgado Décimo Sexto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial, en contra de la diputada del Parlacen, entre otras personas, como presuntos infractores de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo I, Título X, del Libro II del Código Penal; es decir, por el delito Contra la Administración Pública, en su modalidad de Peculado. Adicionalmente, en ambos procesos, el tribunal competente había fijado fecha para la celebración de la audiencia ordinaria y la audiencia ordinaria alterna.

 

Por ello, el Pleno concederá un período extraordinario para las partes, en el cual deberán manifestar por escrito las pruebas que quieran hacer valer en la fase del juicio. Dicho período será por diez días hábiles, fijados por la Oficina Judicial posterior a la notificación de la respectiva resolución.

 

Se designó, como Fiscal de la causa, al magistrado Abel Augusto Zamorano.


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