DECRETAN MEDIDAS CAUTELARES POR DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO EN PERJUICIO DEL IFARHU

La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Sheryl Toulier Molina, ordenó las medidas cautelares personales de reporte periódico una vez a la semana ante el Ministerio Público, la prohibición de salida del país y la prohibición de reunirse con las personas vinculadas a esta investigación a 8 ciudadanos imputados por la presunta comisión de delitos contra el orden económico, estafa y otros fraudes, en la modalidad de modificación y alteración de base de datos, en perjuicio del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU).

Mientras que a otro ciudadano imputado por la presunta comisión de los delitos de posesión ilegal de arma de fuego y estafa, y otros fraudes en la modalidad de modificación y alteración de base de datos, se le aplicó la medida cautelar personal de detención provisional.

En la audiencia de control de garantías de hoy, miércoles 15 de mayo, la juzgadora manifestó que las medidas cautelares personales impuestas eran necesarias y proporcionales a la naturaleza del hecho, además de los riesgos procesales existentes, como el peligro para la comunidad por la naturaleza del hecho.

Previamente, la juzgadora legalizó la aprehensión de los 9 ciudadanos y dio por presentada la formulación de imputación de cargos, al contar con los requisitos sustentados por parte del representante del Ministerio Público, los fiscales Leysi Hernández, Adrenaline Sánchez y el fiscal Jorge Luis Herrera. Los imputados estuvieron representados por seis defensores particulares y una abogada del Instituto de la Defensa Pública. La representación del IFARHU la ejerció el abogado Héctor Atencio.

El Ministerio Público anunció recurso de apelación contra las medidas cautelares impuestas. La audiencia para resolver este recurso quedó programada para el próximo 23 de mayo, a las 8:30 a.m., en la sala 5, ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial.

Este caso guarda relación con una denuncia interpuesta en el mes agosto del año 2022, por parte del Ifarhu en la que se presume que exfuncionarios, hoy imputados, presuntamente, accedía de forma indebida a la plataforma Cedulad, modificaban los datos asociados al pin creado en el Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U), y posteriormente utilizaba el beneficio económico destinado a los estudiantes.