DECRETAN SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO EN CASO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y ACOSO SEXUAL

La jueza de garantías del Sistema Penal Acusatorio en San Miguelito, Massiel Ruiz, decretó la suspensión condicional del proceso sujeto a condiciones a un exfuncionario del Órgano Judicial, imputado por la supuesta comisión de los delitos de violencia de género y acoso sexual en perjuicio de seis ciudadanas.

La decisión de la juzgadora surge luego de escuchar lo manifestado por los intervinientes (imputado, defensor, Ministerio Público y las víctimas), durante el desarrollo de la audiencia de garantías este martes 17 de octubre.

La jueza accedió a la suspensión del proceso, valorando la exposición de cada una de las víctimas, quienes, de forma libre y en pleno ejercicio de sus derechos, expresan el deseo de no continuar con el proceso, y explicaron al tribunal que deseaban la aceptación de los hechos por parte del imputado.

Luego, la juzgadora verificó los requisitos que establece el artículo 215 del Código Procesal Penal, los cuales fueron reconocidos por la representante del Ministerio Público, quien, en el ejercicio de la acción penal, consideró válidas las argumentaciones de la defensa particular, y al igual que la defensa de las víctimas, mostraron su consentimiento para que se accediera a la suspensión condicional del proceso, como método alterno de resolución del conflicto.

Por su parte, el imputado admitió los hechos y cumplió con el resarcimiento pactado, comprometiéndose a cumplir las condiciones previamente acordadas con las partes.

El Código Procesal Penal advierte que el proceso se suspenderá, a solicitud del imputado, a través de su defensor técnico, hasta antes del auto de apertura a juicio y cuando concurran los siguientes presupuestos:

1. Que se trate de un delito que admita la suspensión condicional de la ejecución de la pena, con arreglo a lo dispuesto en el Código Penal.

2. Que el imputado haya admitido los hechos.

3. Que el imputado haya convenido en la reparación de los daños causados como consecuencia de la conducta delictiva, lo cual permite acuerdos con la víctima de asumir formalmente la obligación de reparar el daño en la medida de sus posibilidades.

Durante la audiencia participaron en representación del Ministerio Público la fiscal Zaidy De León, como defensor técnico particular Kevin Reid y la defensora de víctimas del delito Nilsa Velasco.

Este hecho se originó mediante denuncias presentadas en 2022 contra el exfuncionario por personal subalterno del despacho en el que laboraba.