Director adjunto de UNODC conoce la implementación del SPA en la Comarca Ngäbe Buglé

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José E. Ayú Prado Canals junto con el director adjunto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Aldo Lale-Demoz; el representante regional de la  UNODC, Amado Phillipe de Andrés y Melissa Flynn de la Academia Regional Anticorrupción de la ONUDC, visitaron la comunidad de Kankintú en la Comarca Ngäbe Buglé con el fin de conocer cómo es la implementación del sistema penal acusatorio en las poblaciones indígenas.

En la visita se reunieron con el juez municipal de Kankintú, José Elías Núñez Batista y el cacique  Eugenio Juárez, quienes explicaron a los representantes de la UNODC sobre la justicia tradicional y la justicia ordinaria, que se aplica en estas áreas, y la coordinación que existe entre ambas autoridades para ofrecer una mejor justicia en estas áreas.

Se aprovechó la ocasión, para que el personal de UNODC  mostrara al cacique comarcal los planos de los juzgados que se construirán en los terrenos donados en las comunidades de Kusapín y Llano Tugrí, obra que iniciará el próximo año 2017.

Los visitantes observaron el equipamiento que se realizó al salón de audiencias, en donde se instalaron cámaras de video para la grabación de las audiencias, lo cual es indispensable con la implementación del nuevo sistema penal.

Además se apreció las mejoras en su infraestructura para beneficio de los funcionarios y los usuarios.

El director adjunto de UNODC agradeció la oportunidad para conocer cómo avanza la implementación del sistema penal acusatorio en las comarcas indígenas panameñas y quedó complacido con la coordinación que existe entre las autoridades judiciales y comarcales, en este caso el juez y el cacique del área.

En octubre de 2014 en Viena, Austria, el magistrado presidente José Ayú Prado y el director adjunto Aldo Lalo-Demoz firmaron un proyecto de “Consolidación de la Reforma Procesal Penal en Panamá, que consiste en la contribución por parte de la UNODC, para la implementación del sistema penal acusatorio a nivel nacional, que permitirá el fortalecimiento del Órgano Judicial en el área normativa, institucional y jurisdiccional.