El derecho de defensa en el sistema penal acusatorio

Como parte de las actividades de capacitación que adelanta la Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio del Órgano Judicial; magistrados, jueces, defensores, fiscales y policías que se desempeñan en este nuevo modelo de juzgamiento penal participan en el seminario “El derecho de defensa”, que se desarrolla del 16 al 20 de junio en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas, cuyo objetivo es fortalecer en los operadores de justicia las competencias necesarias con los diferentes recursos e instrumentos para este proceso.

Esta capacitación es facilitada por el abogado y docente universitario de la República de Colombia, Jose Leibniz Ledesma Romero, quien de inmediato entregó un cuestionario a los participantes para que al final de la jornada académica se pueda volver a realizar una medición similar, a fin de valorar los conocimientos adquiridos durante la semana.

Apuntan los organizadores que el derecho de defensa en el proceso penal acusatorio está constituido por aquella actividad que han de desarrollar las partes en el proceso a objeto de demostrar la culpabilidad o bien desvirtuarla, respecto del delito que se le atribuye. De manera que los cambios que se han venido presentando en cuanto a los procedimientos judiciales han generado la necesidad de que los colaboradores de justicia tengan una formación efectiva de analizar dichos procesos con sus apropiadas decisiones.

En este marco, se busca comprender la esencia de la oralidad en el principio de la contradicción, al utilizar como técnica metodológica la teoría del caso, constituida por presupuestos fácticos, empleando las herramientas necesarias de litigación y argumentación al ejecutar el derecho de defensa, derecho de la intimidad y el derecho de impugnación.

En esta jornada académica se identificarán adecuadamente los principios rectores y las garantías del procesado y de la víctima logrando, desde la perspectiva penal, la prevalencia de la justicia material, siendo este uno de los objetivos del estado social y democrático de derecho. Esto conlleva una competencia específica que es demostrar una actitud proactiva al aplicar los principios y medios probatorios, que regulan las pruebas dentro del proceso penal acusatorio; cumpliendo con la verdad, la transparencia y garantía de este proceso.