EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE LIQUIDACIÓN DE CAUSAS PENALES SE INICIA AUDIENCIA POR HOMICIDIO DE DIRIGENTE SINDICALISTA

Ante un jurado de conciencia conformado por 4 hombres y 4 mujeres, se inició la tarde de este martes 26 de abril la audiencia contra cuatro personas que se encuentran acusadas por la presunta comisión del delito de homicidio doloso en perjuicio de un dirigente sindicalista.

El sustanciador en esta audiencia es el magistrado Secundino Mendieta; el Ministerio Público está representado por la fiscal de Homicidio y Femicidio, Sherly Barría, y participan dos defensores públicos, un defensor técnico particular  defensores técnicos particulares y un querellante.

Está previsto que esta audiencia tenga una duración de tres días aproximadamente, y le corresponderá al tribunal de jurado decidir, tal como lo establece nuestro ordenamiento penal, la inocencia o culpabilidad de los acusados en este proceso.

El juicio, que se desarrolla en el Salón de Audiencias del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, ubicado en el Palacio de Justicia Gil Ponce, se inició con la presentación de las partes intervinientes, la juramentación del jurado de conciencia, y posteriormente tanto el Ministerio Público, la querella y la defensa sustentaron por 30 minutos sus alegatos iniciales. Concluida esta etapa, se deberá pasar a la práctica de pruebas; luego el magistrado sustanciador dará lectura al cuestionario que resolverá el jurado de conciencia. De no haber objeción, se les preguntará a los acusados cómo se declaran, y por último los alegatos finales.

Es válido informar a la ciudadanía que el Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante auto de Primera instancia N°59 de 8 de marzo de 2010, dictó llamamiento a juicio contra los hoy acusados. A partir de ese momento el Tribunal agendó fechas de audiencias en distintas ocasiones, las cuales no pudieron realizarse por diversas solicitudes y recursos que fueron presentados por las partes y que debían resolverse, para cumplir con el debido proceso.  

Este proceso penal tuvo su génesis el 10 de mayo de 1990, cuando la hija de la víctima denunció ante la Fiscalía Primera Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, la desaparición física de su padre, en mayo de 1970.