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En la provincia de Herrera, sustituyen medidas cautelares personales en caso de Trata de Personas



Este viernes, 11 de octubre de 2019, desde las 10:00 a.m., dio inicio en el Sistema Penal Acusatorio de la provincia de Herrera, la audiencia de revisión de medidas cautelares personales de detención, y anticipo jurisdiccional de pruebas testimoniales, por el delito contra la Trata de Personas.

 

La audiencia estuvo a cargo de la juez de Garantías de Herrera, Zeddy Margot Ureña. En tanto, participaron como intervinientes la Fiscalía de Delincuencia Organizado, Isaura Mejía, y por la defensa particular los abogados Leonardo Paul y Roberto Moreno.

 

En ese sentido, en la audiencia de anticipo de pruebas, la defensa presentó 13 testimonios de trabajadores de una empresa importadora y exportadora, testigos estos que en su mayoría había entrevistado la Fiscalía, sin embargo, los testigos fueron contestes en negar si habían sido objeto maltrato, amenazados o retenidos sus documentos personales como pasaportes. La Defensa argumentó el movimiento migratorio que introdujo el Ministerio Público, donde se corroboró las distintas entradas y salidas al país de las supuestas víctimas de Trata.

 

Por su parte, en cuanto al debate de revisión de la medida cautelar personal, la fiscal de Delincuencia Organizada, sustentó que las circunstancias no habían variado y que el tema de las nuevas declaraciones de los trabajadores de la empresa era tema de discusión en Juicio Oral. Además, argumentó la fiscal, que todavía no habían evacuado los testimonios de algunas de las supuestas víctimas, y la investigación estaba incipiente, considerando que existen riesgos procesales de perdida de esos testimonios.

 

Al respecto, la juez de Garantías, luego de escuchar los argumentos de los intervinientes y del anticipo de las pruebas de los tesitgos, optó por variar la media cautelar personal, en base a las 13 declaraciones aportadas por los defensores particulares y una declaración aportada por la fiscalía, donde las personas que laboraban en el lugar manifestaron que nunca fueron objeto de maltratos y que trabajan horas extras porque se las pagaban y así tenían mayor ingreso. Aunado a lo anterior, se ponderó en el movimiento migratorio aportado por la Fiscalía, donde se evidencia las constantes entradas y salidas de extranjeros que laboraban en la empresa; también los testimonios de tres inspectores de AUPSA; 18 acuerdos laborales con el Ministerio de Trabajo; el informe de Planimetría donde se ubican las residencias de los trabajadores, quienes no estaban en cautiverio; sin dejar de mencionar las cinco Diligencias de Allanamientos, donde no se obtuvo pasaportes retenidos como se había denunciado.

 

Por ello, para los tres imputados asiáticos que pesaban sobre ellos medidas cautelares de detención provisional, se les cambió por el Depósito Domiciliario con la vigilancia aleatoria semanal de la Policía Nacional para velar que se cumpla con dicha medida; además de la prohibición de salida del país. En tanto a otra imputada asiática, no se le varió la medida impuesta, ya que tenía depósito domiciliario.

 

El debate duró 5 horas y 40 minutos, la audiencia de control de garantías finalizó a las 8:20 de la noche.

 

La génesis de esta causa penal se da por medio de una llamada anónima, que dio como resultado cinco allanamientos el pasado 12 de septiembre, en el distrito de Chitré, provincia de Herrera, en donde encontraron como víctimas a 14 extranjeros y dos panameños, además de dos rifles con tres cajas de municiones.


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