La inseguridad preocupa a las autoridades panameñas
Ante la preocupación por los índices de criminalidad en Panamá, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá realizó un conversatorio entre el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con autoridades civiles, políticas, gubernamentales, y judiciales; con el fin de presentar algunas estrategias de seguridad.
Por parte del Órgano Judicial participaron el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Harley Mitchell; Raúl Olmos de Descarga Penal; el director de la Defensoría de Oficio, Gabriel Fernández;
El expositor Alejandro Alvarez, Asesor de la Sección de Justicia y Seguridad del PNUD, explicó cómo influye la inseguridad ciudadana en el desarrollo humano y la gobernabilidad democrática de un país, además presentó algunas políticas de seguridad pública que podrían tomarse en cuenta para bajar el alto índice de violencia que existe en Panamá, como en otros países de la región.
Igualmente mencionó algunas estrategias que algunos países latinoamericanos han implementado para bajar la inseguridad, pero no han sido la solución para disminuir la violencia.
Por ejemplo, las políticas de mano dura sobre el régimen penal y procesal penal no han sido la solución para bajar los índices de violencia, y esto se ha comprobado en algunos países como El Salvador. Además, señaló que se ha demostrado que el aumento a las penas no disminuye la violencia.
Alvarez explicó que hace falta una reforma seria y moderna para la criminalidad y la persecución penal, al igual que una consistente reforma policial, y un conocimiento serio de la situación de la violencia y el delito.
Pero para ello, se requiere el aumento de la inversión para la seguridad, y las capacitaciones de los funcionarios encargados de brindar esta seguridad, como es el caso de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Policía Nacional.
Luego de su exposición, los participantes tuvieron un período para sus opiniones y preguntas.
Durante su intervención, el Magistrado Harley Mitchell señaló la importancia de una política de estado para realizar programas de resocialización y prevención, y recalcó que el Órgano Judicial se ha convertido en un órgano subalterno pues no posee la independencia funcional y económica, lo cual afecta la implementación de mecanismos importantes que colaborarían con la seguridad ciudadana.
Y es que actualmente, las funciones de este órgano del Estado son creadas por los órganos legislativo y ejecutivo, y esto provoca un desequilibrio funcional, y a la vez económico.
Además enfatizó en las decisiones que hace el Ejecutivo sin la consulta del Órgano Judicial y el Ministerio Público, refiriéndose al anteproyecto de Ley que se presentó ante la Asamblea sobre el aumento de las penas.
En esta reunión participó el director de la Policía Nacional, Francisco Troya, Magaly Castillo de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, miembros de los partidos políticos, entre otros.
Elaborado por Gloria Leiva
Fotos por Oscar Morán
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube