GESTIÓN DE MAGISTRADA LÓPEZ ARIAS LOGRA REDUCIR EN UN 69% PROCESOS PENDIENTES EN SALA PENAL

La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López Arias ha logrado durante su gestión una reducción de 69% en los procesos pendientes de tramitación en la Sala Segunda de lo Penal, la cual preside.

Durante la presentación del Informe de Gestión 2022-2023, llevada a cabo este lunes 18 de diciembre, se conoció que a López Arias se les adjudicaron 478 procesos, que sumados a los 48 que estaban en trámite, al comenzar su gestión en el año 2022, totalizaron 526 procesos. De esta cantidad, 511 fueron resueltos en el periodo con lo que se logró alcanzar una efectividad del 107% en la resolución de los procesos.

La magistrada presidenta informó que efectuó 71 audiencias, 45 durante el año 2022 y 26 hasta septiembre pasado. Cabe mencionar, que la Sala Penal atiende paralelamente la liquidación de causas penales del sistema inquisitivo mixto, así como casos de corte acusatorio.

La actividad jurisdiccional de esta sala impulsa la resolución de conflictos penales, en la cual inciden en mayor demanda las audiencias de casación, que representa el 48% de las audiencias llevadas a cabo y en orden de incidencia las audiencias de Hábeas Corpus, que reflejan el 35% del volumen de audiencias atendidas.

Esta sala tiene actualmente pendientes cinco recursos de casación –una recibida a finales de noviembre y cuatro la semana pasada. En la Procuraduría General de la Nación se hallan 6 expedientes para la opinión del Procurador General de la Nación.

Anteriormente, cuando recurso de casación llegaba a la Sala Segunda de lo Penal tomaba un promedio de 7 años.

En la Sala Cuarta de Negocios Generales, la cual también es presidida por López Arias, y se encarga de atender los asuntos administrativos del Poder Judicial, se le adjudicaron 1,139 procesos, de los cuales 945 ingresaron para conocimiento y decisión y 194 eran expedientes pendientes del periodo anterior. Logró darle trámite a 1,087 negocios, con lo que se alcanzó una reducción del 73% en los procesos que estaban pendientes y un índice de resolución del 115%.

López Arias recordó que en febrero de 2022, se inició el ciclo simultáneo de revisión y firma entre los despachos de los magistrados de la Sala Cuarta de Negocios Generales, logrando reducir el proceso de cuatro meses a 24 días.

Señaló que el presupuesto total modificado para el 2023, es de 328.6 millones de dólares, de los cuales 298.9 millones corresponden a funcionamiento y 29.7 millones a inversiones. Del total del presupuesto institucional, se logró una ejecución del 95% (310.7 millones de dólares).

Agregó que esta asignación anual representó recursos adicionales con respecto al 2022, por el orden de los 92.8 millones de dólares. El 54% de esta asignación fue destinada para cubrir el déficit que tenía la institución judicial y cumplir con los compromisos pendientes con proveedores y funcionarios (pasivos laborales), cuyo trámite de pago ha sido ejecutado al 100%.

Para el próximo año se contará con un presupuesto de 385 millones de dólares, lo que representa un aumento por el orden de 56.4 millones, es decir 17.2% superior al presupuesto actual.

De este presupuesto saldrán los fondos para comenzar los 14 programas que forman parte de la agenda digital, la cual fortalecerá la gestión judicial e infraestructura informática.