Hacinamiento se discute en Consejo de Política Penitenciaria

El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José E. Ayú Prado Canals, participó de la quinta reunión del Consejo de Política Penitenciaria, presidida por la viceministra de Gobierno, María Luisa Romero, celebrada este lunes 30 de marzo, en el salón de la Nacionalidad del Ministerio de Gobierno.

La viceministra de Gobierno inició la reunión con la votación para aprobar el acta de la última reunión celebrada el 27 de enero, donde se discutió temas como los proyectos de Leyes y el Patronato de Ayuda Pospenitenciaria, como medidas para reducir el hacinamiento carcelario. También se procedió a debatir los puntos de la agenda del día, entre ellos, las propuestas para ver con más atención el tema de las personas privadas de libertad sin condena y los altos niveles de detención preventiva que sobrepasa el 60% de la población penitenciaria, éste último punto considerado prioritario y sometido a la Mesa de Hacinamiento creada desde julio de 2014.

Sobre el particular, el magistrado presidente Ayú Prado informó a los miembros del Consejo que ya desde el año pasado, la CSJ reactivó el Consejo Judicial, abordando aspectos importantes sobre el Pacto de Estado por la Justicia. También se refirió a las disposición legal vigente que nadie solicita, a pesar de haber flagrancia o confesión del delito, conocida como “Proceso Directo”, que ahorraría significativamente el trámite del sumario, con el beneficio de rebaja de la pena hasta la mitad.

Como otra medida para evitar el hacinamiento carcelario, también sugirió derogar el artículo de la Ley 13 de 1994, que atrasa la aplicación de medidas cautelares en casos de droga, pues en la actualidad los jueces no pueden girar la boleta de libertad si no se ha enviado en consulta al Tribunal Superior. Asimismo, propuso la derogación del artículo 2536 del Código Judicial que prohíbe someterse al proceso directo si la confesión no se dio en el interrogatorio o durante el proceso.

Otra propuesta que hizo el magistrado presidente es modificar lo relativo a la “visitas carcelarias”, en la que puedan asistir a ellas, los jueces adjuntos o los asistentes, a fin de no atrasar la realización de las múltiples audiencias que deben hacer a diario los jueces.

“Por último, hay que animar a los fiscales y jueces a que no decidan un caso por quedar bien con la opinión pública, sino que cumplan con su deber de fallar en estricto derecho, ya que lo peor que puede pasar es que la decisión se la revoquen en apelación. Esto tiene que ver con todo esto de las medidas cautelares y la aplicación de los subrogados penales; ya que esto colaboraría a evitar el hacinamiento con medidas dentro de la Ley”, concluyó el magistrado.

Entre los participantes que hicieron uso de la palabra estuvo el abogado Carlos Herrera Morán, en representación del Colegio Nacional de Abogados, quien puntualizó en que la política criminal debe descansar en el respeto de los derechos humanos, que no lo ve hoy en día, pues hay más del 64% de detenidos sin juicio, con situaciones de insalubridad, con un sistema penitenciario colapsado. No obstante, ponderó la presencia del presidente de la CSJ, pues enfatizó que en estas reuniones deben participar las más altas jerarquías del Estado y no funcionarios sin poder tomar decisión inmediata.

En esta reunión también participaron la directora de Asuntos Penitenciarios del Órgano Judicial, Linda Díaz; el representante del Instituto de Defensoría de Oficio, Luis Tapia; la subdirectora del Sistema Penitenciario, Sharon Díaz; el adjunto defensor del Pueblo, Javier Mitil; y otros representantes del Ministerio Público, Asamblea Nacional, Ministerio de Seguridad, Policía Nacional, Dirección de Investigación Judicial, Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá; Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Derechos Humanos, Iglesia Católica, entre otras.

Secretaría de Comunicación