Imputan cargos por caso de drogas a miembros de la Policía Nacional y otros civiles

En audiencia realizada a las 2:00 de la tarde de este jueves, 3 de mayo, la juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Karolina Santamaría, legalizó la aprehensión y dio por presentada la formulación de imputación contra cuatro (4) unidades de la Policía Nacional y tres (3) civiles, por la supuesta comisión de los delitos contra la administración pública (corrupción de servidores públicos), contra la seguridad colectiva (relacionado con drogas y asociación ilícita), y contra el orden económico (blanqueo de capitales).

En la aplicación de las medidas cautelares personales a los hoy imputados, la juez de Garantías, luego de escuchar los argumentos del fiscal 2° Superior de Drogas, Eduardo De La Torre, quien se acompañó en la vocería con el fiscal 1° Superior de Drogas, Markel Mora, así como los argumentos de los defensores particulares Carlos Landero, Cristian Araúz y Uldaricio Díez, y las defensoras públicas Ekatherina González, Heidy González, María Victoria González y Daisy Galvez, decidió aplicarles el reporte periódico los días lunes, miércoles y viernes de cada semana, así como la prohibición de salir del Distrito donde residen en la provincia de Chiriquí, y en consecuencia, de la República de Panamá.　 Adicionalmente, se les prohibió a los imputados cambiar de domicilio.

La juez sustentó tal medida en virtud que a su criterio no se evidencia peligro de fuga, ni peligro de destrucción de evidencia.　 Aunado a lo anterior señaló la juez que la vinculación de forma indiciaria contra los imputados, no justifica la detención provisional solicitada por el Ministerio Público, máximo que éste no sustentó en el acto de audiencia el por qué no se aplicaban las otras medidas menos severas.

En relación a la solicitud que hiciera el fiscal De La Torre, sobre la suspensión del cargo público a las unidades policiales, por haber cometido el delito en su ejercicio; la juez tampoco accedió a dicha separación del cargo, toda vez que a su criterio no se justificaba.

Asimismo, por petición del fiscal, se procedió a legalizar la aprehensión de equipos celulares, además de una cuenta bancaria y un vehículo, todo producto de las diligencias de allanamientos efectuadas.  De igual forma, se ordenó la devolución de tarjetas bancaria y otros documentos personales de los imputados.

La juez de Garantías, en consecuencia, ordenó la libertad inmediata de los imputados, siempre y cuando no cuenten con otra causa pendiente.

Al concluir la audiencia pasada las 8:00 de la noche, el fiscal De La Torre anunció apelación de las medidas cautelares personales, para lo cual se fijó para el próximo jueves, 10 de mayo de 2018, a las 10:00 a.m., en la sala 10.

Esta causa penal inicia en el 2016, con las operaciones encubiertas "Denver" y "Frontier" que fueron acumuladas por ambas fiscalías de drogas, en donde se da seguimiento a una organización criminal que se dedicaba al trasiego de drogas, con la participación de civiles y unidades de la Policía Nacional, que servían de escolta a los vehículos que transportaban la droga, inclusive daban paso expedito de dichos vehículos al transitar por el control de Guabalá, en la provincia de Chiriquí.　 En este operativo, se incautó más de 600 kilos de la droga conocida como cocaína, además de dinero, productos de cuatro eventos de seguimiento y vigilancia ocurridos en diversos puntos del país.

Cabe destacar que a la audiencia no se pudo trasladar desde la provincia de Chiriquí a otro de los implicado policía en esta investigación, que según el fiscal es el cabecilla de la organización criminal.  No obstante, el fiscal con el aval de su defensor particular, acordaron realizar esa audiencia de control en otro momento, por cuanto el mismo está detenido por otra causa.

El plazo para la conclusión de la investigación quedó establecido en seis meses, término que va corriendo aparejado al ya establecido con anterioridad por otra juez de Garantías a un primer imputado en esta causa.