Juez de Garantías de Panamá otorga plazo para corregir escrito de querella presentada por defensa de un expresidente
La jueza de Garantías de Panamá, Carolina Santamaría, concedió a los abogados de un expresidente de la República, el plazo de 5 días para que subsanen los errores en el escrito de querella, que previamente habían presentado al Ministerio Público, contra dos ciudadanas, por los delitos contra el honor.
La decisión de la jueza se dio durante dos actos de audiencia, realizados hoy, 28 de febrero, en el Salón de Audiencias del Segundo Tribunal Superior de Justicia del Palacio Gil Ponce.
La parte peticionante, encabezada por la abogada Alma Cortés, indicó que no estaban de acuerdo con la resolución del 26 de octubre del 2018, de la Fiscalía de Atención Primaria, que no admitió la querella, argumentando que no habían motivos ni fundamentos legales para tal decisión.
Cortés señaló que las dos ciudadanas, que son presentadoras de un programa radial, habían calumniando a su cliente al hacer comentarios ofensivos en las redes sociales y en dichos medios de comunicación.
Por su parte, el fiscal Agustín Pimentel manifestó que la decisión tomada por el Ministerio Público es porque el delito ya había prescrito y la querella tenía errores de forma.
La denuncia contra las dos ciudadanas fue presentada en agosto de 2018.
La jueza sustentó su decisión en base a los artículos 86, 88 y 89 del Código Procesal Penal. Expresó que “no consideraba una evidente situación de prescripción” y solo evidenciaba el tema de forma.
El abogado Juan Antonio Tejada formó parte del equipo defensor de las querelladas.
Confirma decisión de Ministerio Público
En otro acto de audiencia, solicitado por los abogados del expresidente de la República, la jueza de Garantías Santamaría confirmó la decisión del Ministerio Público de no admitir una querella contra un funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, por el delito contra la administración pública, relacionada a la extradición del expresidente de la República.
La abogada Cortés indicó que la funcionaria incurrió en omisión de los deberes de servidores públicos y no manejó la extradición del expresidente a Panamá de la forma en que la ley lo señala. “Nuestro cliente demanda justicia”, recalcó.
Por su parte, la fiscal Zuleyka Moore explicó que las investigaciones preliminares no arrojaron responsabilidad en dicha funcionaria, y además se archivó de manera provisional el proceso.
La jueza Santamaría, tras escuchar a todas las partes, consideró que se debía mantener la decisión del Ministerio Público. La jueza sustentó su decisión en los artículos 89 y 275 del Código Procesal Penal.
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