Pleno de la CSJ impone medidas cautelares personales a diputado de la Asamblea Nacional
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), actuando como Tribunal Colegiado, por mayoría, impuso la madrugada de este martes, 22 de octubre, las medidas cautelares personales de obligación de mantenerse en su domicilio, prohibición de salida del país sin orden judicial y la entrega de los pasaportes diplomático y personal, a un diputado de la Asamblea Nacional, imputado por la presunta comisión de los delitos de violación carnal y actos libidinosos, en perjuicio de una menor de edad y su hermana mayor de edad.
La decisión, anunciada por el magistrado relator Secundino Mendieta, fue de 8 votos a favor y un salvamento de voto por el magistrado José Eduardo Ayú Prado Canals. Igualmente, el magistado Jerónimo Mejía hizo un voto explicativo.
El Pleno fundamentó su decisión en los artículos 4, 17, 32, de la Constitución de la República. Además de los artículos 221, 222, 224, 225 y 227 del Código Procesal Penal, así como otras disposiciones legales vigentes en nuestro país, como la Convención Americana de Derechos Humanos.
El magistrado relator manifestó que las medidas adoptadas por el Pleno de la CSJ son idóneas, puesto que confrontan los peligros procesales de fuga y destrucción de pruebas, y garantizan la protección de las víctimas y su entorno. De igual manera indicó que se cumple con el principio de proporcionalidad y respeto a los derechos procesales.
Tras la lectura de la decisión del Pleno de la CSJ, la defensa técnica anunció recurso de reconsideración, que fue rechazado por el Pleno, en atención a los artículos 166 y 483 del Código Procesal Penal.
La audiencia inició a las 2:30 p.m, del lunes 21 de octubre y fue presidida por el magistrado presidente encargado de la CSJ, Luis Ramón Fábrega Sánchez, en donde participaron los magistrados José E. Ayú Prado Canals, Angela Russo de Cedeño, Cecilio Cedalise, Jerónimo Mejía, Abel Augusto Zamorano, Wilfredo Sáenz, Luis Mario Carrasco y Secundino Mendieta.
El acto de audiencia se realizó en reserva a solicitud de la abogada querellante Enereida Barría. El magistrado Fiscal Olmedo Arrocha Osorio y la defensa técnica representada por el abogado particular Ángel Álvarez avalaron la petición.
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