Jueces de Cumplimiento de Adolescentes sostienen reunión para fortalecer la fase de ejecución de las sanciones

Los Jueces Primero y Segundo de Cumplimiento de Adolescentes del Primer Distrito Judicial de Panamá, la licenciada Marianela García Mayorca Bernal, hoy Magistrada, y el licenciado Adrián Antonio Yat González, respectivamente, sostuvieron una reunión interinstitucional con autoridades del Instituto de Estudios Interdisciplinarios (IEI) y directivos de centros de cumplimiento, con el objetivo de fortalecer la fase de ejecución de las sanciones dentro del Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia.

En la reunión participaron la licenciada Ysatis W. Forte, Directora del Instituto de Estudios Interdisciplinarios; la licenciada Brenda Nash, Directora del Departamento de Medidas y Sanciones No Privativas de Libertad; la licenciada Maritza de la Cruz, Directora de la Residencia Femenina; y el licenciado Elías Ibarra, Director del Centro de Cumplimiento de Pacora.

Durante el encuentro se abordaron temas fundamentales relacionados con la educación, la salud física y mental, la alimentación, la inserción laboral, los planes y programas de formación vocacional, las condiciones de infraestructura de los Centros de Cumplimiento, así como la disponibilidad y fortalecimiento del personal técnico especializado, entre ellos psicólogos, trabajadores sociales y custodios.

En este contexto, se destacó la importancia de impulsar las ofertas de servicios, programas y proyectos que desarrolla el Instituto de Estudios Interdisciplinarios y el Departamento de Medidas y Sanciones No Privativas de Libertad, con los demás organismos o instituciones vinculados a la integración social y al cumplimiento de los fines educativos y socializadores de la sanción, conforme a los principios que rigen la justicia penal de adolescentes.

Los jueces expresaron su preocupación por las demoras en la ejecución y puesta en funcionamiento de los Centros de Transición, los cuales aún están siendo utilizados como centros de custodia, señalando que su adecuada implementación constituiría una medida fundamental para evitar el hacinamiento en los centros de cumplimiento, al permitir la correcta separación de la población adolescente que continúa cumpliendo sanción al alcanzar la mayoría de edad, garantizando condiciones especializadas, terapéuticas y orientadas a la resocialización, tal como lo dispone la ley 40 de 1999.

Asimismo, se planteó la necesidad de articular acciones con las Direcciones de los planteles educativos, a fin de que el joven, al egresar del Centro de Cumplimiento y en caso de encontrarse pendiente de culminar sus estudios, cuente previamente con su matrícula formalizada y con toda la documentación requerida, de manera que, al momento de su salida, ya se encuentre debidamente matriculado y pueda dar continuidad inmediata a su proceso educativo. Este acercamiento interinstitucional con el Instituto de Estudios Interdisciplinarios reviste particular relevancia, toda vez que, por ley, dicha entidad es la encargada del proceso socializador y de acompañamiento técnico durante la ejecución de las sanciones.

Además, se enmarca dentro de las buenas prácticas judiciales, relativo al conocimiento integral de la estructura del Estado, de sus distintas dependencias y de las funciones que estas desempeñan a fin de garantizar la correcta ejecución y, cuando corresponda, la sustitución o modificación de sanciones, en estricto apego a la ley y al interés superior del adolescente.