Juez de Garantías declara no viable anticipo de pruebas en caso contra la humanidad

La juez de Garantías del Primer Circuito Judicial en Panamá, Kenia Marín, no concedió la solicitud de anticipo jurisdiccional de pruebas del Ministerio Público, dentro de la causa seguida a 7 personas de nacionalidad china y dos panameña, por el delito contra la humanidad, en la modalidad de tráfico ilícito de migrantes, en perjuicio de otras 7 personas de nacionalidad china; al considerar que no tienen carácter de urgencia.

Esta decisión la tomó la juez luego de escuchar los argumentos del Ministerio Público, que estuvo representado por el fiscal Jesús Jaén, quien pidió el anticipo de pruebas, basado en el artículo 279 numerales 2 y 4 del Código de Procedimiento Penal, por considerar que se presentaban obstáculos y son de carácter de urgencia los testomonios propios como medio de prueba realizados a los 7 adultos chinos que entraron ilegal al país, ya que tres de ellos, desean regresar a China, por lo que hay riesgo de que se pierda la prueba, argumentó el fiscal.

En ese sentido, la juez determinó que no se configura la urgencia, porque la defensa no determinó una fecha cierta de salidad de país, un boleto aéreo, como certeza del medio testimonial.

Por su parte, las defensas particulares Félix Donadío, Samuel Quintero, Gregorio Villarreal, Carlos Eugenio Carrillo, Ruth Magali, José Ricardo Lara, Pablo Pérez Campos, Eduardo Badillo, Franklin Contreras y Luis Guerra, se opusieron a la petición del fiscal, y alegaron que no se cumplen los requisitos de urgencia, y no ven obstáculos en estas personas donde uno vino voluntariamente hace más de cinco años, tres de ellos, según consta en la carpetilla, tienen deseo de estar en el país y sólo tres desean regresar a China.

En la audiencia que inició a las 10:00 a.m., la juez de Garantías atendió dos solicitudes más del Ministerio Público, como fueron la declaratoria de rebeldía para José Antonio Liang Aviles,  por tener paradero desconocido, ya que ni la Oficina Judicial, defensa, fiscalía, ni parientes cercanos lo han podido notificar; además, porque incumplió la medida cautelar ambulatoria desde el 24 de septiembre de 2018 y sólo cumplió tres veces el reporte periódico de lunes y viernes de cada semana, tal como lo manifestó su defensa.

La segunda petición fue la aprehensión de bienes (vehículos a motor y dinero en efectivo), producto de allanamiento y diligencias, las cuales fueron declaradas legales, lo que motivó la oposición de algunos letrados que apelaron en el acto.

En consecuencia, la apelación sobre la legalización de los bienes aprehendidos quedó agendada para el 26 de octubre de 2018, a las 10:00 de la mañana, en la Sala 1 del Sistema Penal Acusatorio (SPA), Plaza Ágora.

Esta investigación inició en mayo de 2017, según informes policiales de vigilancia y seguimiento a un grupo organizado de tráfico ilícito de migrantes chinos en varios puntos del país que llegaban desde China.