JUEZ DE GARANTÍAS DECRETA MEDIDAS CAUTELARES EN AUDIENCIA POR DENOMINADA OPERACIÓN “FISHER”

El jueves,  27 de enero a la 1:00 p.m. inició una audiencia de solicitudes múltiples que culminó a las 10:00 de la noche del  viernes, 28 de enero del año 2022, en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora, en la que una Juez de Garantías, decretó distintas medidas cautelares personales, a nueve ciudadanos que se encuentran imputados por la presunta comisión del delito contra Contra el Orden Económico, en la modalidad de Blanqueo de Capitales;  y a una ciudadana,  imputada por la posible comisión del  delito Contra la Seguridad Colectiva, en la modalidad de Asociación Ilícita.

Las medidas cautelares decretadas por la Juzgadora son: la retención domiciliaria, contra dos de los imputados y el reporte periódico ante el Ministerio Público, la prohibición de salida del país y de reunirse con personas vinculadas a esta causa penal, contra los otros ochos imputados.

La Juez de Garantías,  luego de escuchar los argumentos de los intervinientes, fundamentó su decisión de aplicar las medidas cautelares antes mencionadas, al considerarlas  necesarias y proporcionales con  la naturaleza de los hechos.

Previamente,  se legalizó la aprehensión y se dio por presentada la formulación de imputación de cargos hechas por el Ministerio Público, contra doce ciudadanos; se legalizaron ocho solicitudes de controles posteriores y en las solicitudes de medidas cautelares reales, se aprehendió la suma total de B/. 10.060. 00.

En esta audiencia de control, no se legalizó la aprehensión, ni se dio por presentada la formulación de imputación de cargos hecha por el Ministerio Público, contra otros dos ciudadanos y en consecuencia se  ordenó su inmediata libertad.

De las doce personas imputadas que fueron llevadas a esta audiencia de control de garantías, dos se acogieron a un acuerdo de pena que fue consensuado entre el Ministerio Público y la Defensa Técnica Particular, emitiendo la sentencia condenatoria de 48 y 60 meses de prisión, respectivamente.

El Ministerio Público estuvo representado por dos Fiscales y participaron  trece Defensores Técnicos Particulares y un Defensor Público.

Este caso guarda relación con investigaciones realizadas por las autoridades dentro de la  denominada “Operación Fisher”.