Juez de Garantías impone medidas cautelares a tres jóvenes por robo agravado
La juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Clara Montenegro, decretó las medidas cautelares personales de notificación los días lunes y viernes de cada semana, la prohibición de salida de la provincia de Panamá y la prohibición de utilizar transporte selectivo, a tres sujetos de 21, 23 y 24 años de edad, por la supuesta comisión del delito de robo agravado, en calidad de autores, en perjuicio de un panameño, hecho ocurrido el 5 de marzo, en el sector de Villa María, corregimiento Ernesto Córdoba.
Las medidas fueron impuestas durante audiencia de control de Garantías, realizada la mañana de hoy, jueves 7 de marzo, en la sede del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora. Además, la juez Montenegro dictaminó, tras legalizar la aprehensión de los sujetos y dar por presentada la formulación de la imputación, que ésta medida era la más idónea dentro de la causa.
Expresó que aunque existía una vinculación de los hechos, había incongruencias en cuanto a la identificación de los imputados. Esto refiriéndose a los informes de flagrancia y testimonio de la víctima, presentado por parte de la fiscalía. La juez manifestó que, de igual manera, era necesaria una medida cautelar para asegurar la comparecencia dentro del proceso de los tres implicados.
Antes de la decisión de la juez, tanto el Ministerio Público, representado por la fiscal Xochil Castillo, así como los defensores públicos Ninochka Andrade, Yamira Cabrera y Edgar Belfil presentaron sus argumentaciones respecto al caso.
La fiscalía presentó como elementos de convicción el testimonio de la víctima, un informe médico legal con evaluación de la víctima, el formulario de flagrancia y la entrevista de varias unidades policiales que aprehendieron a los hoy imputados. En ese sentido, la fiscal pidió como medida cautelar la detención provisional.
Mientras que los defensores alegaron que había una endeble vinculación de los hechos en relación a sus defendidos. Los tres abogados de la defensa solicitaron medidas distintas a la solicitada por el Ministerio Público.
Además de las medidas decretadas por la juez, también ordenó la protección a la víctima y a sus familiares. Indicó que debe darse una orden de alejamiento para estos y que los imputados no pueden acercarse a menos de 200 metros de ellos.
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