Jueza de Garantías decreta distintas medidas cautelares personales a cinco ciudadanos por el delito de peculado

Este sábado 5 de julio de 2025, en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora, la jueza de Garantías Clara Montenegro decretó distintas medidas cautelares personales contra cinco ciudadanos imputados por la posible comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado, en perjuicio del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (CONADES).

Durante las audiencias, que sumaron siete por solicitudes de medidas cautelares, la jueza decretó la detención provisional del exalcalde imputado en cinco de las causas, decisiones que fueron apeladas por la defensa. Las audiencias de apelación fueron programadas ante el Tribunal Superior de Apelaciones para los días 15 y 16 de julio de 2025, en los siguientes horarios: el 15 de julio a las 8:30 a.m., 10:00 a.m. y 2:00 p.m.; y el 16 de julio a las 8:30 a.m. y 2:00 p.m.

En otras dos causas contra el mismo ciudadano, la jueza decretó como medidas cautelares el reporte periódico, la prohibición de salida del país sin autorización judicial, la prohibición de acercarse al CONADES, a sus proyectos y coimputados.

Respecto a los otros cuatro ciudadanos imputados, la jueza decretó la colocación de brazalete electrónico, reporte periódico, prohibición de salida del país sin autorización judicial y prohibición de acercarse al CONADES, a los coimputados y a los testigos. A dos de ellos, vinculados a contrataciones, también se les decretó la prohibición de contratar con el Estado.

Las medidas cautelares decretadas contra uno de los contratistas fueron apeladas por el Ministerio Público, agendándose la audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones para el 16 de julio a las 8:30 a.m. De igual forma, la defensa de otro imputado presentó recurso de apelación, programándose la audiencia para ese mismo día a las 2:00 p.m.

 La jueza consideró que las medidas impuestas resultan necesarias y proporcionales a la naturaleza de los hechos, dadas las circunstancias del caso y los riesgos procesales advertidos.

Previamente, en las siete audiencias, basadas en distintas denuncias solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público, se legalizó la aprehensión de los imputados y se dio por presentada la formulación de cargos. La defensa técnica fue ejercida por abogados particulares.

 Estas causas se remontan al año 2021, cuando se contrataron proyectos rurales a través del CONADES que presuntamente no fueron ejecutados, pese a haberse pagado en su totalidad, generando una lesión patrimonial al Estado por varios millones de dólares.