Jueza de Garantías sanciona con prisión a tres ciudadanos por corrupción en trámites de armas de fuego

Luego de validar un acuerdo de pena consensuado entre el Ministerio Público, representado por la Fiscalía Superior Anticorrupción, Digna Castillo, y tres defensores técnicos particulares, la jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Irene Cedeño, procedió a emitir la Sentencia N° 544 de 27 de marzo de 2025, mediante la cual se sancionó a un exfuncionario de la Dirección de Asuntos de Seguridad Pública (DIASP) con 60 meses de prisión como pena principal, por ser autor del delito contra la administración pública en la modalidad tráfico de influencias.

Mientras que a dos ciudadanos también se les sancionó con 52 meses de prisión por el delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias. Y a otra persona se le sancionó con 48 meses de prisión, la cual fue reemplazada por días multas.

Además, se les impuso a los sancionados, como pena accesoria, la inhabilitación para ejercer funciones públicas por el mismo período, una vez cumplida la pena principal.

A otra exfuncionaria se le aplicaron las medidas cautelares de reporte periódico dos veces al mes ante el Ministerio Público, la prohibición de comunicarse con los coimputados en esta causa y de mantener la dirección del domicilio que se le proporcionó al Tribunal de Garantías durante el acto de audiencia.

Previamente, se legalizó la aprehensión de los ciudadanos y se dio por presentada la formulación de imputación de cargos hecha por el Ministerio Público.

La investigación penal en curso se inició en septiembre de 2024, tras la recepción de denuncias sobre presuntas irregularidades en la Dirección de Asuntos de Seguridad Pública (DIASP). Las pesquisas han revelado un modus operandi en el que tres exfuncionarios públicos contactaban a solicitantes de permisos de armas de fuego, exigiendo pagos a cambio de agilizar sus trámites.

Por: Joel Omar González.