JUEZA NIEGA TRABAJO COMUNITARIO EN ‘OPERACIÓN FISHER’

Tras un acuerdo de pena consensuado entre la fiscal especializada en Delitos Relacionados con Drogas, Yarabi De Gracia, y el abogado Pedro Coronel Salazar, defensor técnico particular de uno de los imputados dentro de la denominada “Operación Fisher”, la jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Irene Cedeño, lo validó y procedió a dictar la sentencia condenatoria, mediante la cual se le impone la pena de 60 meses de prisión como autor de los delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita.

Asimismo, como pena accesoria, la jueza Cedeño ordenó el comiso de dos vehículos y dos cuentas bancarias que estaban a nombre del hoy sancionado.

Durante el desarrollo de la audiencia de acuerdo de pena realizada en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, este jueves 25 de agosto, a pesar de no haber objeción por parte de la representante del Ministerio Público, la jueza de garantías negó una solicitud de sustitución de la pena de prisión por trabajo comunitario formulada por el abogado de la defensa.  La jueza fundamentó su decisión con base en la naturaleza grave de los hechos sancionados, aunado a que se debe cumplir con los fines de la pena, como son los principios de prevención general y social.   

Antes de concluir el acto de audiencia, la defensa técnica anunció recurso de apelación en contra de la negación del trabajo comunitario, por lo que se fijó la audiencia para el 1 de septiembre de 2022, a las 10:30 a.m., en sala 4 de Plaza Fortuna, ante el Tribunal Superior de Apelaciones.

Este caso, que fue elevado recientemente a causa compleja por la gran cantidad de imputados, guarda relación con una investigación iniciada por las autoridades en febrero de 2020, denominada “Operación Fisher”, la cual tenía como propósito desarticular a una presunta organización criminal que se dedicaba a supuestas actividades ilícitas que se generaban en la Costa Arriba de Colón.