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Juzgado Cuarto Penal inicia audiencia contra exfuncionarios del OJ y jurados de conciencia



Este martes 6 de febrero, el Juzgado Cuarto de Circuito Penal inició la audiencia preliminar seguida a 19 funcionarios del Órgano Judicial y 23 jurados de conciencia, todos investigados por la presunta comisión del delito contra la administración pública.

Este acto dirigido por la juez Yamileth Robles inició con la lectura de la vista fiscal N° 185 del 15 de septiembre del 2017, en donde el Ministerio Público solicitó llamamiento a juicio para 29 personas y para otras 13 personas pidió un sobreseimiento provisional.

En la audiencia, que se realizó en el salón de audiencias del Segundo Tribunal Superior de Justicia del Órgano Judicial, los defensores Kevin Moncada, Rosendo Rivera, Roberto Castro Camaño y otros abogados solicitaron al Tribunal llevar acabo esta causa a través de la figura del proceso abreviado, solicitud que no fue objetada por la Fiscal Adela Cedeño Sanjur, sin embargo hizo la salvedad que habían imputados que no se encontraban en el acto de audiencia.

Luego de escuchar ambos argumentos, la juez Robles no admitió la solicitud de los defensores en virtud que la misma no cumplía con los requisitos, sin embargo la juzgadora se comprometió en la eventualidad de emitir su resolución, que reconocerá la solicitud expuesta por los defensores.

Seguidamente, pasadas las 3:00p.m., inició la fase de alegatos por parte de la Fiscal Anticorrupción, Adela Cedeño Sanjur, quien señaló que existen los elementos probatorios que acreditan la vinculación de los sindicados con una red de corrupción, destinada a la compra de jurados de conciencia, ventas de fechas de audiencias y resoluciones de sentencias y medidas cautelares a favor de procesados.

La fiscal Cedeño argumentó que se ha podido comprobar cómo en tres audiencias realizadas los días 7 y 22 de octubre, y el 9 de noviembre de 2015, en diferentes casos de homicidio, los jurados de conciencia dictaron el veredicto de inocencia a procesados, productos de pagos realizados para que dieran ese resultado.

La representante del MP señaló que estos argumentos fueron debidamente probados con diligencias de allanamientos e inspecciones oculares a los despachos, interceptaciones de llamadas y declaraciones indagatorias que acreditan la existencia de una red donde cada persona tenía una asignación especial.

Hasta el momento los defensores técnicos de 24 de los imputados, solicitaron un sobreseimiento provisional o definitivo por los delitos imputados por parte de la Fiscalía Anticorrupción, a favor de sus defendidos.

Antes de la fase de alegatos, fue resuelto un incidente previo de especial pronunciamiento presentado por la abogada Nicole Annette Davis, quien argumentó que la juez Robles no tiene competencia para llamar a juicio a un funcionario con jurisdicción, como es el caso de su representado, quien es juez de Juicio Oral y que actualmente está suspendido provisionalmente.

Ante esto, la juez admitió el incidente en atención al artículo 127 del Código Judicial, e informó que remitirá el caso de esta persona al Tribunal Superior.

Esta investigación inició producto de una denuncia mediante nota N° 1863 del 24 de agosto de 2015, suscrita por el entonces magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José E. Ayú Prado Canals, en donde pone en conocimiento del Ministerio Público, de una organización en el Órgano Judicial que manipulaba expedientes del Segundo Tribunal a favor de detenidos.



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