Juzgados de Niñez y Adolescencia, Defensores Públicos y Fiscales unifican criterios sobre el uso del EJE en Chiriquí

En el antiguo Palacio de Justicia de la ciudad de David, funcionarios de los Juzgados de Niñez y Adolescencia de la provincia de Chiriquí se reunieron con representantes de la Defensa Pública y el Ministerio Público para unificar criterios y definir acciones ante la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE).

Durante el encuentro, se abordaron diversas inquietudes relacionadas con el sistema, entre ellas las notificaciones, el ingreso de documentos y pruebas al Registro Único de Entrada (RUE), y otros aspectos fundamentales para garantizar el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad, especialmente aquellas que provienen de zonas alejadas y carecen de recursos para trasladarse.

Como resultado del diálogo, los participantes acordaron solicitar a la Dirección de Servicios Comunes, encabezada por la licenciada Doris Guerra, la habilitación de un espacio para un Centro de Custodia de Expedientes y un Registro Único de Entrada dentro del edificio del antiguo Palacio de Justicia. Esta medida busca facilitar una atención especializada y de calidad a quienes acuden desde áreas rurales.

“Es necesario tomar en cuenta que muchas personas no cuentan con equipos tecnológicos ni conocimientos para utilizar el EJE. Por eso, hemos unificado criterios y fortalecido la coordinación interinstitucional, conforme lo establece la ley, con el objetivo de brindar una respuesta eficaz a la niñez y a todos los usuarios que acuden a nuestros tribunales en busca de justicia”, expresó Margarita Camargo, coordinadora de Niñez y Adolescencia del Órgano Judicial en Chiriquí.

Asimismo, la jueza destacó que ya se han recibido las primeras demandas a través del EJE y se está dando respuesta oportuna. “Valoramos esta herramienta que permite administrar justicia de forma eficaz y sin recurrir al uso de papel, alineándonos con los avances tecnológicos”.

Camargo subrayó también que el compromiso institucional se mantiene firme: “Debemos cumplir con los protocolos internacionales y garantizar el acceso a la justicia conforme a las 100 Reglas de Brasilia, la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes nacionales, como la Ley 285 de 2022 y la Ley 409 de 2023, que respaldan el principio del interés superior del niño y del adolescente”.

En ese sentido, anunció que se llevarán a cabo jornadas de sensibilización dirigidas a abogados litigantes y demás partes involucradas, con el fin de promover el respeto al principio de imparcialidad y la protección prioritaria de los derechos de la niñez y adolescencia.

Por su parte, el fiscal de Asuntos Civiles y de Familia, Everardo González, valoró positivamente la reunión: “Para el Ministerio Público, como uno de los principales usuarios del sistema, fue fundamental resolver dudas sobre el manejo de los expedientes y la presentación de pruebas durante las audiencias”.

En la jornada participaron, además, el juez segundo de Niñez y Adolescencia, Daniel Vigil Santos; la coordinadora del Instituto de la Defensa Pública, Micaela Morales; las defensoras Ana Coba, Blanca Briones e Iris Guerra; así como fiscales, secretarios y coordinadores del área de Protección y Familia.

Redacción y fotos: Vielka Cádiz Franco