Legalizan aprehensión provisional de bienes en caso de blanqueo de capitales

La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Sheryl Toulier Molina, declaró legal la aprehensión provisional de 14 fincas ubicadas en la provincia de Bocas del Toro, presuntamente vinculadas a un dirigente sindical que se encuentra imputado por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, asociación ilícita y falsedad de documentos.

Durante la audiencia, celebrada la mañana de este jueves 21 de agosto, la jueza Toulier fundamentó su decisión en el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el artículo 258 del Código Procesal Penal, el cual regula el control judicial de medidas provisionales. Este artículo dispone que el Ministerio Público debe someter la medida a control del juez de garantías dentro de los diez días siguientes a su ejecución.

En representación del Ministerio Público participó el fiscal contra la Delincuencia Organizada, Octavio Nicolau. Por parte de la defensa técnica comparecieron los abogados César Ruiloba, Rolando Rodríguez, Mario Prado y Javier Quintero. La querella particular fue representada por el licenciado Abel María Hernández Bultrón.

Tras la decisión judicial, la defensa técnica particular anunció la interposición de un recurso de apelación contra la legalización de la aprehensión. La audiencia correspondiente fue programada para el próximo 4 de septiembre, a las 8:30 a.m., en la sala número 1 del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Fortuna, en San Miguelito.

Este proceso penal, se originó en el año 2022 a raíz de una querella presentada por el licenciado Abel María Hernández Bultrón, en representación de 143 trabajadores de la construcción en Isla Bastimentos, provincia de Bocas del Toro, quienes estaban afiliados al Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS).

Redacción: Joel González.