Magistrada Cornejo Batista examina junto a expertos de la INL logros del Programa Judicial de Tratamiento de Drogas

Evaluar los avances del Programa Judicial de Tratamiento de Drogas (PJTD) que actualmente lleva a cabo el Órgano Judicial (OJ) de Panamá en la provincia de Coclé, así como examinar su expansión a otras regiones del país, fue parte de la conversación que sostuvo la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Maribel Cornejo Batista con los representantes de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcótico y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, Javier Cardona y Jhon Riaño Rojas.

Acompañada del personal técnico de su despacho, la Magistrada de la Sala Segunda de lo Penal, quien funge ante el Pleno como coordinadora del Programa de Métodos Alternos de Resolución de Conflictos, se refirió a las positivas experiencias surgidas a partir del PJTD, iniciativa que busca disminuir la reincidencia delictiva, mediante la reducción del consumo de drogas.  

Cardona y Riaño Rojas, gerente y coordinador, respectivamente, de la INL en Panamá, se mostraron entusiastas por lo planteado y el impacto que ello tiene en la disminución de hechos delictivos a causa del consumo de estupefacientes. Los expertos estadounidenses también se refirieron a la futura expansión del programa al resto del territorio nacional y cómo se podría lograr apoyo para su efectivo desarrollo.

El PJTD es ejecutado como plan piloto desde el año 2014 en la provincia de Coclé y para su expansión y avance institucional intervienen, a través de una Mesa Técnica, el Órgano Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Salud y la Secretaría Ejecutiva de la Comisión para el Estudio y la Prevención de Delitos Relacionados con Droga (Conapred).

A través de 11 sesiones de trabajo en los últimos 24 meses, esta Mesa Técnica ha trabajado en una Guía de aplicación del PJTD, la cual se encuentra en etapa de revisión y validación por parte de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), entidad que hace 10 años introdujo la novedosa iniciativa judicial al país.

Los beneficiarios son aquellas personas que tienen adicción a las drogas y cometen delitos considerados desistibles, los que pueden optar por acceder al programa de tratamiento de drogas y a quienes se imponen condiciones mientras sus procesos se mantienen suspendidos. A ellos se les da un seguimiento y tratamiento para superar la adicción y se les brinda apoyo para facilitar su reinserción social y laboral.

En su calidad de coordinadora del Programa de Métodos Alternos de Resolución de Conflictos, la magistrada Cornejo Batista expresó su aspiración a que en el futuro el PJTD opere con sus estructuras, equipamiento y personal especializado a cargo, como una contribución del Órgano Judicial a la paz social del país.

Por: Enrique L. Brathwaite