MAGISTRADA PRESIDENTA PARTICIPA EN DIÁLOGOS ENTRE JUECES Y JUEZAS CONSTITUCIONALES DE AMÉRICA LATINA

La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá, María Eugenia López Arias, expuso en el diálogo número 4 denominado “Derecho a la protección y asistencia a la familia”, en la cuarta edición de los Diálogos entre Jueces y Juezas Constitucionales de América Latina, que se desarrolló durante los días 10 y 11 de noviembre en la Ciudad de México.

Esta ponencia comenzó con dar a conocer que, en la República de Panamá, las funciones equivalentes a las de un tribunal constitucional son ejercidas por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por lo que, este tiene entre sus atribuciones constitucionales y legales, la guarda de la integridad de la Constitución, las consultas de constitucionalidad, y conocer de las demandas de amparo de garantías constitucionales.

La magistrada presidenta hizo mención de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros postulados que hacen referencia a la protección de la familia, consagrando expresamente que el Estado panameño debe resguardar el matrimonio, la maternidad y la familia, así como el texto constitucional que instituye el principio rector del Interés Superior del Menor, por conducto del artículo 56, y que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha hecho frente para salvaguardar el derecho a la protección y asistencia a la familia, con particular énfasis en la defensa y conservación del Interés Superior de las personas menores de edad.

En este destacado foro, la magistrada López Arias manifestó que: “la República de Panamá, como Estado contratante, respetuosa de las normas del Derecho Internacional, en armonía con estos postulados, incorpora, en el Título Tercero (III) de su Constitución Política, una protección ampliada para los derechos y garantías fundamentales consagrados en ella, especificando que estos deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre ellos y la dignidad de la persona, lo que implica la atención de aquellos contenidos en los Tratados de Derechos Humanos suscritos y ratificados por nuestro país, como es el caso del Pacto de San José”.

Finalmente, la magistrada presidenta puntualizó que, “el juez debe garantizar que, en todo proceso cuyo resultado pueda afectar o vincular, jurídicamente, a una persona menor de edad, sea obligatorio nombrar a un defensor del menor, quien tendrá el exclusivo rol de hacer valer los derechos del niño, niña o adolescente, y de velar, única y esencialmente, porque se respeten los derechos e intereses de estos”.

Entre las autoridades de América Latina en este diálogo, se encuentran Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México y del Consejo de la Judicatura Federal; Maite Oronoz Rodríguez, jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico; Paul Enrique Franco Zamora, magistrado presidente del Tribunal Supremo Constitucional Plurinacional de Bolivia; Norma Lucía Piña Hernández, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México; Ana Cristina Fernández Acuña, magistrada suplente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica; Anabelle Rodríguez Rodríguez, jueza asociada en retiro del Tribunal Supremo de Puerto Rico; y Alejandra Spitalier Peña, secretaria general de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México.